Por Alexis Oliva – PrensaredSólo faltan los alegatos y la sentencia de un juicio que puede sentar un precedente, sobre todo si los jueces de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, en Cordoba, dan un giro a una causa en la que lo que se viene señalando como delictivo es la organización y la lucha campesina.
El derrotero del juicio a los once imputados por desalambrar un campo en defensa de la posesión histórica de una familia campesina viene demostrando que lo que está en el banquillo de los acusados no es tanto el presunto “daño calificado” contra la propiedad -también presunta y todavía en litigio en la Justicia Civil- de un comerciante bonaerense, sino la organización y la solidaridad campesina, las que se ha querido equiparar a una suerte de peligrosa “asociación ilícita”.
También ha quedado al descubierto el ineficiente e injusto servicio policial en las zonas pobres del departamento Cruz del Eje, paradójicamente el que más jóvenes aporta a la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba. La investigación policial, avalada por el ex fiscal de instrucción Raúl Casado, incluyó en la causa a tres personas que no participaron del incidente que está juzgando la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje: el periodista Juan Medardo Allende, el pequeño productor Juan Ramón Maldonado y el ingeniero agrónomo Juan Camilo Herrero, a quienes sólo convirtió en sospechosos su militancia en la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc) y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
El ex fiscal Casado, quien desde hace más de un año espera turno para rendir cuentas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, es el mismo cuya inexplicable demora permitió a mediados de 1999 la fuga del propietario de una concesionaria de autos involucrado en el homicidio de un cliente; el mismo que el 8 de junio de 2000 firmó la orden de reprimir una marcha en reclamo por trabajo en la ruta nacional 38; el mismo que ahora está sospechado de haber participado en un vasto entramado de tráfico de influencias, estafas y otros delitos que por estos días intenta desenmarañar su sucesor en la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, Hernán Funes.
Pero en este caso la injusticia comenzó antes que intervenga Casado, al ignorar la Policía la media docena de denuncias que los ahora acusados Carlos Nicolás y Juan Carlos Loyola intentaron presentar, peregrinando por distintas unidades de la zona, cuando vieron invadida y alterada su propiedad por el comerciante Ramón Mazzeo, a quien por el contrario los policías atendieron con gran consideración y hasta escoltaron en varias ocasiones a su campo, donde además llegaron a montar un despliegue digno de una captura de “bandidos rurales”.
La indefensión legal, la presión policial y el estado de necesidad que sufrían los Loyola hacen que cueste imaginar qué otra alternativa les quedaba para no tener que desmontar ese alambrado que condenaba a morir de sed y hambre a los animales que son su sustento.
Por eso al abogado querellante Pablo Olmos le resulta más viable apuntar sus cañones a la organización campesina, dedicada a “cometer este tipo de delitos”; por eso a su representado le resulta más cómodo acusar que a los Loyola “vino el cura (Carlos Julio Sánchez) y les dio vuelta la cabeza”, como acusaron en diálogo con Prensared.
La posición de la querella -sutilmente avalada por algún importante medio de comunicación- intenta imponer la siguiente ecuación: a menor interés personal en el campo en litigio, mayor criminalidad. O sea, a mayor solidaridad, mayor criminalidad.
Por eso este caso resulta -al menos hasta ahora- tan representativo de la injusta criminalización de la protesta social y la discriminación informativa que ejercen los grandes medios. Hasta ahora, el “pecado” de cortar un alambrado no se perdona, ni siquiera habiendo un sacerdote entre los acusados.
Un sacerdote, Carlos Julio Sánchez, capaz de decir: “La criminalización de la protesta es vieja como la humanidad. El opresor, el agresor, no puede oprimir, agredir, torturar y matar impunemente. Tiene que presentar un porqué y una buena imagen. Nadie resiste en el poder por la sola fuerza. Entonces, ‘el otro es el delincuente, el otro es el agresor’. Necesita la culpabilización de la víctima para legitimarse” (Revista Umbrales – septiembre 2007).
La participación del cura en el conflicto ha sido tan necesaria que hasta el habitualmente conservador obispo de Cruz del Eje, Omar Félix Colomé, se vio obligado a afirmar que “obró en base a lo que su conciencia le dictó”, según declaró hace poco al diario La Voz del Interior.
Además, en un comunicado de prensa emitido junto a los sacerdotes de la diócesis en julio de 2005, el Obispo se había pronunciado -a raíz de este mismo conflicto- respecto a la cuestión de fondo: “Vemos como algo doloroso que la compra de campos en remates o por otros medios, con gente viviendo en el lugar, genera dificultades no fáciles de resolver. Nos parece importante señalar que los campesinos, por reclamar sus derechos, no son delincuentes, y por lo tanto no han de ser tratados como tales”.
No es poca cosa y quizás el caso termine siendo también emblemático en relación a la actitud de una Iglesia Católica argentina que todavía no termina de despegarse de la imagen de Christian Von Wernick, símbolo de su actitud cómplice durante los años del terrorismo de estado; una Iglesia Católica universal cuya “doctrina social” ha sido de un tiempo a esta parte tan edulcorada que cada vez cuesta más adjetivarla como “social”.
Al juicio le falta tan poco como a este 2007 en que protestas sociales (Corral de Bustos), gremiales (sindicato de prensa) y hasta la contienda electoral provincial terminaron repercutiendo en la Justicia cordobesa. Apenas restan un par de testimonios, los alegatos y la sentencia, que seguramente sentará un precedente.
Acaso los jueces Clara Luna de Manzano, Nancy Menehem y Angel Andreu ya tengan claro que se trata de un problema social y no penal, y que en todo caso, si de algo son culpables los acusados, es de haber cometido ese delito que se llama solidaridad.
