El Tribunal Oral Federal número 3 aceptó la recusación del juez Oscar Alberto Hergott para integrar el cuerpo que deberá juzgar al dictador Reynaldo Antonio Bignone por delitos de "lesa humanidad" cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar
En una resolución de dos carillas, los camaristas José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María Cristina San Martino, hicieron lugar a un planteo del abogado Juan Aberg Cobo (h) para lograr que se aparte a Hergott por temor de "haber perdido la imparcialidad".
En lo que aparece como una medida tendiente a dilatar el inicio del juicio oral y público contra Bignone, habida cuenta que los camaristas Miguel Pons y Gerardo Larrambebere están excusados, el letrado también logró el apartamiento de Hergott por lo que la Cámara Nacional de Casación Penal deberá sortear a los magistrados que los reemplacen.
Sin embargo, los camaristas que hicieron lugar al planteo del abogado del ex Comandante del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" aclararon que la resolución "no debe ser confundida con una agresión a la honorabilidad y honestidad" de Hergott, "conservando el más elevado concepto en cuanto a su integridad moral y rectitud profesional" de su colega.
En esta causa el represor está imputado por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Policlínico Posadas, en la localidad bonaerense de Haedo, donde fue designado interventor a partir del 28 de marzo de 1976, en tanto también tiene procesamiento confirmado por el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio.
Bignone fue responsabilizado por su carácter, entonces, de Delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social y fue -según el juez federal Daniel Rafecas al dictar su procesamiento- quien "comandó personalmente la toma del mencionado Hospital", donde se produjeron las ilegales privaciones de la libertad.
Como consecuencia de la irrupción armada en el centro asistencial se tomó prisionera a "cuatro decenas de personas, en su mayoría profesionales de la salud", que "luego de permanecer cautivas en el mismo Hospital durante algunas horas fueron trasladadas a distintos lugares como ser la Superintendencia de Seguridad Federal, distintas Comisarías y las Unidades Penitenciarias de Devoto y Olmos.
El ex dictador, inclusive, al prestar declaración indagatoria imputado de la privación ilegal de una veintena de personas, admitió que cuatro días después del golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, dispuso la intervención de ese centro de salud "motivada en informes de inteligencia que daban cuenta de la frecuente atención a supuestos guerrilleros".
En aquella audiencia del 19 de noviembre de 2007 Bignone afirmó ante Rafecas que "estuvo menos de 48 horas al frente del Posadas, y la mayoría de la gente detenida recuperó inmediatamente su libertad" a excepción de 12 que fueron apresados luego de su partida para regresar al Ministerio de Acción Social.
En este expediente tanto los camaristas Pons como Larrambebere se habían excusado, en tanto ahora Aberg Cobo también logró el apartamiento de Hergott argumentando que "ha perdido imparcialidad para conocer y sentenciar", ya que con anterioridad había afirmado que los episodios bajo investigación constituyen "hechos aberrantes" cometidos durante el "conflicto histórico que imperó en la Argentina en la época de terror".
"Tales afirmaciones me persuaden que el juez aquí recusado ha perdido su objetividad, no es ni será confiable en la realización de la Justicia, y su actuación será parcial, evento éste que no asegurará los valores de la libertad y la dignidad humana de mi pupilo", sostuvo Aberg Cobo.
El letrado también expresó que "lamentaba" que Pons se hubiese excusado, que la inhibición de Larrambebere la solicitó porque fue juez de instrucción cuando la causa (antes de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final) tramitó en Morón y que la recusación de Hergott obedeció, además, "por sus argumentos en su voto del Plenario Díaz Bessone y por no respetar la abundante jurisprudencia internacional de magistrados imparciales".
Fuente: Pagina 12
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martes, 16 de junio de 2009
martes, 9 de junio de 2009
DECLARARON DOS POLICÍAS POR EL JUICIO DE LABOLITA
Durante el juicio por el secuestro y homicidio del militante peronista Carlos Labolita, detenido ilegalmente en 1976, policías aseguraron que trasladaron a la víctima, en calidad de detenido, al Regimiento de Azul, donde prestaban servicio los militares represores que son juzgados por este hecho: el general retirado Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret. Los policías declararon también que a partir del golpe del 76 el Ejército tomó el mando de la comisaría de las Flores, localidad bonaerense donde fue detenido ilegalmente Labolita.
Uno de esos policías, Juan Carlos Blanco, de 62 años, integró el grupo que trasladó a Carlos Labolita desde la comisaría de Las Flores al área de Inteligencia del Regimiento de Azul, donde era jefe Mansilla. Blanco declaró que Labolita fue trasladado junto a dos sindicalistas también detenidos ilegalmente, aunque a estos dos últimos los llevaron directamente al Penal de Azul, luego de dejar en el Regimiento a Labolita.
A cargo del operativo de traslado estuvo el entonces oficial subinspector Pedro Jorge Cinalli, quien cumplía funciones administrativas en la comisaría de las Flores, donde estuvo alojado Labolita entre el 25 y el 27 de abril.
Cinalli declaró ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que el entonces comisario de Las Flores, de apellido Lista y ya fallecido, le dio “verbalmente” la orden de traslado de Labolita y los sindicalistas detenidos, precisándole que tenía que dejar al primero en el área de Inteligencia del Regimiento y a los otros en el Penal.
Cinalli dijo que Labolita fue recibido por dos oficiales que inmediatamente lo encapucharon, y que no le dieron ningún recibo ni documento que acreditara la recepción del detenido.
Otro ex policía que declaró fue Jorge Mario Sangín, quien cumplía funciones en la misma seccional de las Flores, y que corroboró que el Ejército tomó el control de esa dependencia a partir del golpe de estado.
Finalmente declaró un ex militante de la Juventud Peronista de Montes, localidad que también quedó bajo el área operativa de Azul, identificado como Roberto Pedro Montenegro, quien fue detenido y torturado reiteradamente en agosto del mismo año.
Labolita era un militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue secuestrado de la casa paterna cuando regresó a las Flores, justamente a raíz de la detención ilegal de su padre, Carlos Orlando Labolita, concretada en esa ciudad el 24 de marzo del ’76.
Fuente: www.loquepasa.net
Uno de esos policías, Juan Carlos Blanco, de 62 años, integró el grupo que trasladó a Carlos Labolita desde la comisaría de Las Flores al área de Inteligencia del Regimiento de Azul, donde era jefe Mansilla. Blanco declaró que Labolita fue trasladado junto a dos sindicalistas también detenidos ilegalmente, aunque a estos dos últimos los llevaron directamente al Penal de Azul, luego de dejar en el Regimiento a Labolita.
A cargo del operativo de traslado estuvo el entonces oficial subinspector Pedro Jorge Cinalli, quien cumplía funciones administrativas en la comisaría de las Flores, donde estuvo alojado Labolita entre el 25 y el 27 de abril.
Cinalli declaró ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que el entonces comisario de Las Flores, de apellido Lista y ya fallecido, le dio “verbalmente” la orden de traslado de Labolita y los sindicalistas detenidos, precisándole que tenía que dejar al primero en el área de Inteligencia del Regimiento y a los otros en el Penal.
Cinalli dijo que Labolita fue recibido por dos oficiales que inmediatamente lo encapucharon, y que no le dieron ningún recibo ni documento que acreditara la recepción del detenido.
Otro ex policía que declaró fue Jorge Mario Sangín, quien cumplía funciones en la misma seccional de las Flores, y que corroboró que el Ejército tomó el control de esa dependencia a partir del golpe de estado.
Finalmente declaró un ex militante de la Juventud Peronista de Montes, localidad que también quedó bajo el área operativa de Azul, identificado como Roberto Pedro Montenegro, quien fue detenido y torturado reiteradamente en agosto del mismo año.
Labolita era un militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue secuestrado de la casa paterna cuando regresó a las Flores, justamente a raíz de la detención ilegal de su padre, Carlos Orlando Labolita, concretada en esa ciudad el 24 de marzo del ’76.
Fuente: www.loquepasa.net
miércoles, 3 de junio de 2009
COMIENZA EL JUICIO ORAL AL APROPIADOR DE VICTORIA DONDA
Se trata de la causa contra el represor Juan Antonio Azic por la sustracción de una niña nacida en cautiverio en 1977 en la ESMA, que resultó ser la legisladora nacional. El juez Rafecas lo imputó por "sustracción y supresión de identidad".
El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el represor Juan Antonio Azic por la sustracción de una niña nacida en cautiverio en la Escuela Superior de la Armada (ESMA), en 1977, y que resultó ser la actual diputada nacional Victoria Donda Pérez.
Pese a la reserva impuesta por el magistrado fuentes judiciales confirmaron esta mañana a Télam que el magistrado imputó a Azic por la "sustracción y supresión de identidad" de la pequeña hija de Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.
En la causa se demostró que la niña "fue inscripta en septiembre de 1977 en forma fraudulenta" bajo el nombre de Claudia Analía Azic como hija propia de un represor integrante de uno de los ’Grupos de Tareas’ que operaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA.
"Constatado mediante pruebas científicas irrefutables la filiación de Victoria con sus padres biológicos en su momento se ordenó la detención y el procesamiento del apropiador, a quien el Juez le dictó oportunamente la prisión preventiva por ocultamiento de menor y falsificación de documentos públicos", explicaron las fuentes.
Los informantes ponderaron la "activa intervención en el caso de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo", que actúa como querellante en la causa, que ya lleva más de 2.000 fojas de tramitación; y en la que Azic tiene procesamiento confirmado por la Cámara Federal y a quien el Tribunal Oral en lo Federal Uno (TOF1) deberá someter a juicio oral y público.
Azic, ex suboficial de inteligencia de la Prefectura Naval, es un ex integrante del "GT 3.3.2" de la ESMA, y permanece detenido acusado de crímenes de lesa humanidad a disposición del Servicio Penitenciario Federal.
Las fuentes confirmaron que Rafecas también investiga si el teniente de navío Adolfo Donda -hermano del padre desaparecido y tío de la niña apropiada-, tuvo alguna vinculación o participación en dicha apropiación.
Adolfo Donda también está procesado y detenido por delitos de lesa humanidad cometidos en la causa ESMA que lleva adelante el juez federal Sergio Torres y en la que aparecen imputados los destituidos ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta junto a otra treintena de represores.
Tanto la causa que lleva adelante Rafecas por los hechos ocurridos en el Primer Cuerpo del Ejército y la que tramita Torres por los delitos cometidos en la ESMA fueron reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el represor Juan Antonio Azic por la sustracción de una niña nacida en cautiverio en la Escuela Superior de la Armada (ESMA), en 1977, y que resultó ser la actual diputada nacional Victoria Donda Pérez.
Pese a la reserva impuesta por el magistrado fuentes judiciales confirmaron esta mañana a Télam que el magistrado imputó a Azic por la "sustracción y supresión de identidad" de la pequeña hija de Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.
En la causa se demostró que la niña "fue inscripta en septiembre de 1977 en forma fraudulenta" bajo el nombre de Claudia Analía Azic como hija propia de un represor integrante de uno de los ’Grupos de Tareas’ que operaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA.
"Constatado mediante pruebas científicas irrefutables la filiación de Victoria con sus padres biológicos en su momento se ordenó la detención y el procesamiento del apropiador, a quien el Juez le dictó oportunamente la prisión preventiva por ocultamiento de menor y falsificación de documentos públicos", explicaron las fuentes.
Los informantes ponderaron la "activa intervención en el caso de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo", que actúa como querellante en la causa, que ya lleva más de 2.000 fojas de tramitación; y en la que Azic tiene procesamiento confirmado por la Cámara Federal y a quien el Tribunal Oral en lo Federal Uno (TOF1) deberá someter a juicio oral y público.
Azic, ex suboficial de inteligencia de la Prefectura Naval, es un ex integrante del "GT 3.3.2" de la ESMA, y permanece detenido acusado de crímenes de lesa humanidad a disposición del Servicio Penitenciario Federal.
Las fuentes confirmaron que Rafecas también investiga si el teniente de navío Adolfo Donda -hermano del padre desaparecido y tío de la niña apropiada-, tuvo alguna vinculación o participación en dicha apropiación.
Adolfo Donda también está procesado y detenido por delitos de lesa humanidad cometidos en la causa ESMA que lleva adelante el juez federal Sergio Torres y en la que aparecen imputados los destituidos ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta junto a otra treintena de represores.
Tanto la causa que lleva adelante Rafecas por los hechos ocurridos en el Primer Cuerpo del Ejército y la que tramita Torres por los delitos cometidos en la ESMA fueron reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
lunes, 25 de mayo de 2009
PRIMER JUICIO EN MAR DEL PLATA
Comenzará mañana martes, con jueces del distrito de La Plata y con Pedro Pablo Mansilla y Alejandro Guillermo Duret en el banquillo de los acusados, imputados por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita. Los magistrados locales fueron cuestionados por “temor de parcialidad”, tras haber participado en la causa conocida como “Juicio por la Verdad”.Este juicio lo tramitarán los magistrados Carlos Rozanski, (condenó a Etchecoltz) Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, todos integrantes de los tribunales orales federales de La Plata, quienes dirigirán el debate luego de que los miembros titulares del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata fuesen apartados, en diciembre último, por la Cámara Nacional de Casación Penal.
En esa oportunidad la Sala IV acogió favorablemente la recusación planteada por la defensa de Mansilla que cuestionó a los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela por haber intervenido en el "juicio por la verdad" en el que fueron investigados los mismos hechos que llevaron al represor a juicio oral y público.
El planteo se basó "en el supuesto "temor de parcialidad" planteado por Mansilla que le generaba que los magistrados hubiesen actuado en la causa conocida como "juicio por la verdad" y caratulada "Colegio Público de Abogados de Mar del Plata y otros" que denunciaba la "desaparición forzada de personas".
Los defensores de Mansilla señalaron que, como los jueces cuestionados ya habían tomado declaración testimonial a Carlos Orlando Labolita (padre de la víctima), podrían estar influenciados por esa circunstancia ya que, si bien el "juicio por la verdad no tuvo finalidad punitiva" los magistrados "ejercieron actividades y funciones judiciales”.
Carlos Labolita desapareció en febrero de 1976 en la localidad de Las Flores.
Fuente: http://www.loquepasa.net/
En esa oportunidad la Sala IV acogió favorablemente la recusación planteada por la defensa de Mansilla que cuestionó a los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela por haber intervenido en el "juicio por la verdad" en el que fueron investigados los mismos hechos que llevaron al represor a juicio oral y público.
El planteo se basó "en el supuesto "temor de parcialidad" planteado por Mansilla que le generaba que los magistrados hubiesen actuado en la causa conocida como "juicio por la verdad" y caratulada "Colegio Público de Abogados de Mar del Plata y otros" que denunciaba la "desaparición forzada de personas".
Los defensores de Mansilla señalaron que, como los jueces cuestionados ya habían tomado declaración testimonial a Carlos Orlando Labolita (padre de la víctima), podrían estar influenciados por esa circunstancia ya que, si bien el "juicio por la verdad no tuvo finalidad punitiva" los magistrados "ejercieron actividades y funciones judiciales”.
Carlos Labolita desapareció en febrero de 1976 en la localidad de Las Flores.
Fuente: http://www.loquepasa.net/
martes, 19 de mayo de 2009
LA JUSTICIA CORDOBESA RESOLVIÓ OTORGARLE A MENENDEZ, PRISIÓN DOMICILIARIA
La jueza federal 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, resolvió "conceder la prisión domiciliaria" al represor Luciano Benjamín Menéndez, tal como había fallado hace dos semanas la Cámara Nacional de Casación, aunque hasta el momento el beneficio no fue materializado en razón de que es requerido por la Justicia Federal de San Juan.
De acuerdo a los datos suministrados desde el fuero federal local, el incidente resuelto forma parte de la causa denominada 'Pasquini, Italo Cesar y otros' por los delitos de privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado.
Menéndez, de 80 años, se encuentra alojado en el penal local de Bouwer desde julio del año pasado cuando fue condenado a perpetua dentro del marco de la causa 'Brandalisis'.
El beneficio de la prisión domiciliaria lo había resuelto la Cámara Nacional de Casación, por la aplicación del artículo 32 inciso 'd' de la ley 24.660 modificada por ley 26.472, razón por el cual la magistrada adoptó igual criterio.
La jueza, en la resolución, impone a Edith Angélica Abarca de Menéndez, esposa del represor, la guarda y cuidado de Menéndez, quien fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.
La fiscal, Graciela López de Filoñuk, se había opuesto a la prisión domiciliaria por el carácter de lesa humanidad de los delitos que se le imputan.
También había argumentado el "peligro procesal y de fuga", por entender que la consumación de los hechos que se le atribuyen a Menéndez, han implicado de manera inherente el entorpecimiento de la labor de la Justicia, puesto que desde un primer momento el accionar de las Fuerzas represivas estuvo orientado a la clandestinidad con miras a lograr la impunidad.
La Cámara de Casación Penal también había fallado a favor del represor Luís Alberto Manzanelli, pero en este caso la jueza Garzón de Lascano optó por la denegatoria del beneficio al considerar que por algunos medios podría afectar moralmente a los testigos, amedrentarlos, o realizar cualquier acción que pueda atentar contra el normal desenvolvimiento de los procesos en curso.
Manzanelli también cumple sentencia perpetua, no en firme, en el penal de Bouwer por la causa 'Brandalisis'.
Fuente: www.pagina12.com.ar
De acuerdo a los datos suministrados desde el fuero federal local, el incidente resuelto forma parte de la causa denominada 'Pasquini, Italo Cesar y otros' por los delitos de privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado.
Menéndez, de 80 años, se encuentra alojado en el penal local de Bouwer desde julio del año pasado cuando fue condenado a perpetua dentro del marco de la causa 'Brandalisis'.
El beneficio de la prisión domiciliaria lo había resuelto la Cámara Nacional de Casación, por la aplicación del artículo 32 inciso 'd' de la ley 24.660 modificada por ley 26.472, razón por el cual la magistrada adoptó igual criterio.
La jueza, en la resolución, impone a Edith Angélica Abarca de Menéndez, esposa del represor, la guarda y cuidado de Menéndez, quien fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.
La fiscal, Graciela López de Filoñuk, se había opuesto a la prisión domiciliaria por el carácter de lesa humanidad de los delitos que se le imputan.
También había argumentado el "peligro procesal y de fuga", por entender que la consumación de los hechos que se le atribuyen a Menéndez, han implicado de manera inherente el entorpecimiento de la labor de la Justicia, puesto que desde un primer momento el accionar de las Fuerzas represivas estuvo orientado a la clandestinidad con miras a lograr la impunidad.
La Cámara de Casación Penal también había fallado a favor del represor Luís Alberto Manzanelli, pero en este caso la jueza Garzón de Lascano optó por la denegatoria del beneficio al considerar que por algunos medios podría afectar moralmente a los testigos, amedrentarlos, o realizar cualquier acción que pueda atentar contra el normal desenvolvimiento de los procesos en curso.
Manzanelli también cumple sentencia perpetua, no en firme, en el penal de Bouwer por la causa 'Brandalisis'.
Fuente: www.pagina12.com.ar
LA JUSTICIA CORDOBESA RESOLVIÓN OTORGARLE A MENENDEZ, PRISIÓN DOMICILIARIA
La jueza federal 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, resolvió "conceder la prisión domiciliaria" al represor Luciano Benjamín Menéndez, tal como había fallado hace dos semanas la Cámara Nacional de Casación, aunque hasta el momento el beneficio no fue materializado en razón de que es requerido por la Justicia Federal de San Juan.
De acuerdo a los datos suministrados desde el fuero federal local, el incidente resuelto forma parte de la causa denominada 'Pasquini, Italo Cesar y otros' por los delitos de privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado.
Menéndez, de 80 años, se encuentra alojado en el penal local de Bouwer desde julio del año pasado cuando fue condenado a perpetua dentro del marco de la causa 'Brandalisis'.
El beneficio de la prisión domiciliaria lo había resuelto la Cámara Nacional de Casación, por la aplicación del artículo 32 inciso 'd' de la ley 24.660 modificada por ley 26.472, razón por el cual la magistrada adoptó igual criterio.
La jueza, en la resolución, impone a Edith Angélica Abarca de Menéndez, esposa del represor, la guarda y cuidado de Menéndez, quien fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.
La fiscal, Graciela López de Filoñuk, se había opuesto a la prisión domiciliaria por el carácter de lesa humanidad de los delitos que se le imputan.
También había argumentado el "peligro procesal y de fuga", por entender que la consumación de los hechos que se le atribuyen a Menéndez, han implicado de manera inherente el entorpecimiento de la labor de la Justicia, puesto que desde un primer momento el accionar de las Fuerzas represivas estuvo orientado a la clandestinidad con miras a lograr la impunidad.
La Cámara de Casación Penal también había fallado a favor del represor Luís Alberto Manzanelli, pero en este caso la jueza Garzón de Lascano optó por la denegatoria del beneficio al considerar que por algunos medios podría afectar moralmente a los testigos, amedrentarlos, o realizar cualquier acción que pueda atentar contra el normal desenvolvimiento de los procesos en curso.
Manzanelli también cumple sentencia perpetua, no en firme, en el penal de Bouwer por la causa 'Brandalisis'.
Fuente: www.pagina12.com.ar
De acuerdo a los datos suministrados desde el fuero federal local, el incidente resuelto forma parte de la causa denominada 'Pasquini, Italo Cesar y otros' por los delitos de privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado.
Menéndez, de 80 años, se encuentra alojado en el penal local de Bouwer desde julio del año pasado cuando fue condenado a perpetua dentro del marco de la causa 'Brandalisis'.
El beneficio de la prisión domiciliaria lo había resuelto la Cámara Nacional de Casación, por la aplicación del artículo 32 inciso 'd' de la ley 24.660 modificada por ley 26.472, razón por el cual la magistrada adoptó igual criterio.
La jueza, en la resolución, impone a Edith Angélica Abarca de Menéndez, esposa del represor, la guarda y cuidado de Menéndez, quien fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.
La fiscal, Graciela López de Filoñuk, se había opuesto a la prisión domiciliaria por el carácter de lesa humanidad de los delitos que se le imputan.
También había argumentado el "peligro procesal y de fuga", por entender que la consumación de los hechos que se le atribuyen a Menéndez, han implicado de manera inherente el entorpecimiento de la labor de la Justicia, puesto que desde un primer momento el accionar de las Fuerzas represivas estuvo orientado a la clandestinidad con miras a lograr la impunidad.
La Cámara de Casación Penal también había fallado a favor del represor Luís Alberto Manzanelli, pero en este caso la jueza Garzón de Lascano optó por la denegatoria del beneficio al considerar que por algunos medios podría afectar moralmente a los testigos, amedrentarlos, o realizar cualquier acción que pueda atentar contra el normal desenvolvimiento de los procesos en curso.
Manzanelli también cumple sentencia perpetua, no en firme, en el penal de Bouwer por la causa 'Brandalisis'.
Fuente: www.pagina12.com.ar
HAY 289 CAUSAS ABIERTAS CONTRA REPRESORES
La Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad creada por la Corte Suprema de Justicia señaló que existen 289 causas con procesados en todo el país en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Los datos fueron difundidos por el Centro de Información Judicial (CIJ), que recordó que en el micrositio "lesa humanidad" se puede acceder a detalles de esos juicios "a través de un mapa del país en el que se puede conocer el nombre completo de los imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las fechas de las resoluciones judiciales dictadas".
"Los datos obtenidos se enmarcan en un total nacional aproximado de 1.000 procesos iniciados, en los que habrían 556 personas procesadas, de los cuales 182 ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio y otras 130 alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal" pues los fiscales ya formularon "los correspondientes requerimientos de elevación a juicio", señala el informe.
El relevamiento de la Unidad de Superintendencia fue elaborado en base a información suministrada por tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.
El CIJ recordó que actualmente está en trámite la "causa Olivera Rovere" que, desde el 9 de febrero último, lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) contra los represores Jorge Olivera Róvere, Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti; por hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Por su parte el Tribunal Oral en lo federal Uno (TOF1) de San Martín está sustanciando el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.
En tanto en Formosa, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el 25 de febrero último el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
El informe señala que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos.
El CIJ recordó finalmente que el TOF5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio al destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros ex represores acusados por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Esos delitos tuvieron como víctimas, entre otros, a las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y al escritor y periodista Rodolfo Walsh.
La nómina de procesados por esos hechos incluye, además, a Jorge "el tigre" Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel.
Fuente: www.pagina12.com.ar
Los datos fueron difundidos por el Centro de Información Judicial (CIJ), que recordó que en el micrositio "lesa humanidad" se puede acceder a detalles de esos juicios "a través de un mapa del país en el que se puede conocer el nombre completo de los imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las fechas de las resoluciones judiciales dictadas".
"Los datos obtenidos se enmarcan en un total nacional aproximado de 1.000 procesos iniciados, en los que habrían 556 personas procesadas, de los cuales 182 ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio y otras 130 alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal" pues los fiscales ya formularon "los correspondientes requerimientos de elevación a juicio", señala el informe.
El relevamiento de la Unidad de Superintendencia fue elaborado en base a información suministrada por tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.
El CIJ recordó que actualmente está en trámite la "causa Olivera Rovere" que, desde el 9 de febrero último, lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) contra los represores Jorge Olivera Róvere, Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti; por hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Por su parte el Tribunal Oral en lo federal Uno (TOF1) de San Martín está sustanciando el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.
En tanto en Formosa, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el 25 de febrero último el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
El informe señala que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos.
El CIJ recordó finalmente que el TOF5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio al destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros ex represores acusados por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Esos delitos tuvieron como víctimas, entre otros, a las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y al escritor y periodista Rodolfo Walsh.
La nómina de procesados por esos hechos incluye, además, a Jorge "el tigre" Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel.
Fuente: www.pagina12.com.ar
jueves, 30 de abril de 2009
CASACIÓN REESTABLECIÓ EL ARRESTO DOMICILIARIO A MENENDEZ
La Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó el beneficio de arresto domiciliario a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Manzanelli y Carlos Alberto Vega, pero la medida todavía no se hará efectiva, por lo que continuarán detenidos en la prisión de Bouwer purgando sus condenas por delitos de la dictadura. Estarán presos en sus domicilios hasta que el fallo quede firme en las instancias de apelación.
De todos modos, una vez que el Tribunal Oral Federal 1 -que los condenó el año pasado en el primer juicio por la represión en Córdoba- revise cuál es su situación en las otras causas, podría resolver que accedan a la prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.
Hasta ahora, el único de los ocho represores que fueron condenados y que obtuvo el beneficio es Hermes Rodríguez, pero estas otras resoluciones eran aguardadas porque el primer pedido es idéntico a los restantes.
La defensa oficial argumentó que como la condena todavía no está efectiva, en tanto fue apelada, los sentenciados deben conservar el mismo estado que tenían antes del inicio del juicio: en estos casos el arresto domiciliario que ahora deberían recuperar, dijeron las fuentes a la edición digital del diario La Voz del Interior.
Por su parte, el Centro de Información Judicial (CIJ) indicó que "la Sala III consideró que la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme", por lo que, en consecuencia, "no se pueden modificar las condiciones de detención". Recordó además que la medida se dispuso en el marco de la causa "Brandalisis".
El 16 de marzo llegó el primer fallo de Casación, referido a Rodríguez (alias "Salame"), ex subjefe del Destacamento 141 de Córdoba y condenado a 22 años de cárcel: el Tribunal Oral corrió vistas al juzgado federal Nº3 de Cristina Garzón de Lascano para que disponga el arresto domiciliario si así lo permitía la situación del represor en las otras causas en las que está procesado. Finalmente, Rodríguez dejó Bouwer el martes 21 pasado y se fue a Mendoza, trasladado por la Policía Federal.
Ahora, es de esperar que se aplique el mismo procedimiento para Menéndez, condenado a prisión perpetua al igual que Luis Manzanelli (ex suboficial del Ejército y señalado como uno de los principales torturadores del centro clandestino de detención "La Perla"), y Vega, condenado a 18 años de cárcel.
El caso de Menéndez es más complejo, porque a la prisión perpetua aplicada en Córdoba se le suma la que le impuso en setiembre la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición del legislador de esa provincia Guillermo Vargas Aignasse, aunque no sería un impedimento para que regrese a su domicilio, porque dispuso el arresto domiciliario del otro condenado, el represor y ex gobernador Domingo Bussi
De todos modos, una vez que el Tribunal Oral Federal 1 -que los condenó el año pasado en el primer juicio por la represión en Córdoba- revise cuál es su situación en las otras causas, podría resolver que accedan a la prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.
Hasta ahora, el único de los ocho represores que fueron condenados y que obtuvo el beneficio es Hermes Rodríguez, pero estas otras resoluciones eran aguardadas porque el primer pedido es idéntico a los restantes.
La defensa oficial argumentó que como la condena todavía no está efectiva, en tanto fue apelada, los sentenciados deben conservar el mismo estado que tenían antes del inicio del juicio: en estos casos el arresto domiciliario que ahora deberían recuperar, dijeron las fuentes a la edición digital del diario La Voz del Interior.
Por su parte, el Centro de Información Judicial (CIJ) indicó que "la Sala III consideró que la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme", por lo que, en consecuencia, "no se pueden modificar las condiciones de detención". Recordó además que la medida se dispuso en el marco de la causa "Brandalisis".
El 16 de marzo llegó el primer fallo de Casación, referido a Rodríguez (alias "Salame"), ex subjefe del Destacamento 141 de Córdoba y condenado a 22 años de cárcel: el Tribunal Oral corrió vistas al juzgado federal Nº3 de Cristina Garzón de Lascano para que disponga el arresto domiciliario si así lo permitía la situación del represor en las otras causas en las que está procesado. Finalmente, Rodríguez dejó Bouwer el martes 21 pasado y se fue a Mendoza, trasladado por la Policía Federal.
Ahora, es de esperar que se aplique el mismo procedimiento para Menéndez, condenado a prisión perpetua al igual que Luis Manzanelli (ex suboficial del Ejército y señalado como uno de los principales torturadores del centro clandestino de detención "La Perla"), y Vega, condenado a 18 años de cárcel.
Fuente: Pagina 12
De todos modos, una vez que el Tribunal Oral Federal 1 -que los condenó el año pasado en el primer juicio por la represión en Córdoba- revise cuál es su situación en las otras causas, podría resolver que accedan a la prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.
Hasta ahora, el único de los ocho represores que fueron condenados y que obtuvo el beneficio es Hermes Rodríguez, pero estas otras resoluciones eran aguardadas porque el primer pedido es idéntico a los restantes.
La defensa oficial argumentó que como la condena todavía no está efectiva, en tanto fue apelada, los sentenciados deben conservar el mismo estado que tenían antes del inicio del juicio: en estos casos el arresto domiciliario que ahora deberían recuperar, dijeron las fuentes a la edición digital del diario La Voz del Interior.
Por su parte, el Centro de Información Judicial (CIJ) indicó que "la Sala III consideró que la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme", por lo que, en consecuencia, "no se pueden modificar las condiciones de detención". Recordó además que la medida se dispuso en el marco de la causa "Brandalisis".
El 16 de marzo llegó el primer fallo de Casación, referido a Rodríguez (alias "Salame"), ex subjefe del Destacamento 141 de Córdoba y condenado a 22 años de cárcel: el Tribunal Oral corrió vistas al juzgado federal Nº3 de Cristina Garzón de Lascano para que disponga el arresto domiciliario si así lo permitía la situación del represor en las otras causas en las que está procesado. Finalmente, Rodríguez dejó Bouwer el martes 21 pasado y se fue a Mendoza, trasladado por la Policía Federal.
Ahora, es de esperar que se aplique el mismo procedimiento para Menéndez, condenado a prisión perpetua al igual que Luis Manzanelli (ex suboficial del Ejército y señalado como uno de los principales torturadores del centro clandestino de detención "La Perla"), y Vega, condenado a 18 años de cárcel.
El caso de Menéndez es más complejo, porque a la prisión perpetua aplicada en Córdoba se le suma la que le impuso en setiembre la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición del legislador de esa provincia Guillermo Vargas Aignasse, aunque no sería un impedimento para que regrese a su domicilio, porque dispuso el arresto domiciliario del otro condenado, el represor y ex gobernador Domingo Bussi
De todos modos, una vez que el Tribunal Oral Federal 1 -que los condenó el año pasado en el primer juicio por la represión en Córdoba- revise cuál es su situación en las otras causas, podría resolver que accedan a la prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.
Hasta ahora, el único de los ocho represores que fueron condenados y que obtuvo el beneficio es Hermes Rodríguez, pero estas otras resoluciones eran aguardadas porque el primer pedido es idéntico a los restantes.
La defensa oficial argumentó que como la condena todavía no está efectiva, en tanto fue apelada, los sentenciados deben conservar el mismo estado que tenían antes del inicio del juicio: en estos casos el arresto domiciliario que ahora deberían recuperar, dijeron las fuentes a la edición digital del diario La Voz del Interior.
Por su parte, el Centro de Información Judicial (CIJ) indicó que "la Sala III consideró que la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme", por lo que, en consecuencia, "no se pueden modificar las condiciones de detención". Recordó además que la medida se dispuso en el marco de la causa "Brandalisis".
El 16 de marzo llegó el primer fallo de Casación, referido a Rodríguez (alias "Salame"), ex subjefe del Destacamento 141 de Córdoba y condenado a 22 años de cárcel: el Tribunal Oral corrió vistas al juzgado federal Nº3 de Cristina Garzón de Lascano para que disponga el arresto domiciliario si así lo permitía la situación del represor en las otras causas en las que está procesado. Finalmente, Rodríguez dejó Bouwer el martes 21 pasado y se fue a Mendoza, trasladado por la Policía Federal.
Ahora, es de esperar que se aplique el mismo procedimiento para Menéndez, condenado a prisión perpetua al igual que Luis Manzanelli (ex suboficial del Ejército y señalado como uno de los principales torturadores del centro clandestino de detención "La Perla"), y Vega, condenado a 18 años de cárcel.
Fuente: Pagina 12
MASSERA DECLARADO INIMPUTABLE
Una junta médica determinó que el jefe de la Armada de la última dictadura militar, Eduardo Massera, es "inimputable". Ello se debe a que presenta un cuadro "crónico, irreversible y evolutivo".
La junta ordenada por la jueza federal María Servini de Cubría señaló que Massera tiene sus facultades mentales fuera de la normalidad psicojurídica y que posee un "trastorno psico-orgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global".Servini de Cubría convocó a la junta médica compuesta por especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la causa que investiga la apropiación de Javier Penino Viñas.
Javier nació en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el secuestro de sus padres, Cecilia Viñas y Hugo Penino. Ellos están desaparecidos. El niño fue anotado como hijo del capitán naval Jorge Vildoza.
El dictamen se contradice con los resultados de peritos forenses italianos que aseguraron en febrero que el dictador puede ser juzgado.
El informe presentado en Roma señala que Massera "exagera y manipula su enfermedad y por lo tanto está en condiciones de afrontar el juicio". En Italia, Massera es juzgado por el secuestro y la desaparición de tres ciudadanos italianos en la Argentina.
La junta ordenada por la jueza federal María Servini de Cubría señaló que Massera tiene sus facultades mentales fuera de la normalidad psicojurídica y que posee un "trastorno psico-orgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global".Servini de Cubría convocó a la junta médica compuesta por especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la causa que investiga la apropiación de Javier Penino Viñas.
Javier nació en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el secuestro de sus padres, Cecilia Viñas y Hugo Penino. Ellos están desaparecidos. El niño fue anotado como hijo del capitán naval Jorge Vildoza.
El dictamen se contradice con los resultados de peritos forenses italianos que aseguraron en febrero que el dictador puede ser juzgado.
El informe presentado en Roma señala que Massera "exagera y manipula su enfermedad y por lo tanto está en condiciones de afrontar el juicio". En Italia, Massera es juzgado por el secuestro y la desaparición de tres ciudadanos italianos en la Argentina.
HEBE: "LA LUCHA TRASCIENDE LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA"
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, destacó hoy que tras 32 años de lucha serán "recordadas como mujeres preocupadas por los problemas sociales y no sólo por perseguir milicos". Fue al participar de las actividades por un nuevo aniversario de la primera marcha encabezada por Azucena Villaflor.
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo hoy que tras 32 años de lucha "las Madres seremos recordadas como mujeres preocupadas por los problemas sociales y no sólo por perseguir milicos para que los encierren".
"La lucha de las madres pasó por distintas etapas que nos hicieron más sólidas con el tiempo", afirmó Bonafini a Télam desde la Casa de las Madres en el barrio de Congreso, antes de participar de las actividades por el 32 aniversario de la primera marcha encabezada por Azucena Villaflor a la Plaza de Mayo.
Según Bonafini, el secuestro de Azucena Villaflor, principal motor que impulsó a que un grupo de catorce madres fueran a la Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos secuestrados por la dictadura, marcó para siempre el destino de las Madres.
"Cuando se llevaron a Azucena en 1977 desbarataron a nuestro movimiento formado ya por unas 200 madres; hubo que volver a empezar y ese volver a empezar nos hizo plantear un montón de cosas", señaló la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Reconoció que "había muy poquitas que creíamos que no podíamos abandonar. Ya no sólo se llevaban a nuestros hijos, sino también a las madres y por eso teníamos que seguir".
El "volver a empezar" abrió una serie de planteos, y el principal que marcó la evolución de la entidad y también la brecha con otras madres, fue para Bonafini la decisión de "socializar la maternidad".
"Tomar a todos los hijos como nuestros sirvió para que nos preguntáramos cómo queríamos que nos recordaran a las madres y así decidimos que no queríamos que fuera por perseguir a milicos sino como mujeres preocupadas por los problemas sociales, en los niños que no comen, que no van a la escuela", remarcó.
La respuesta fue "mejor que nos ocupemos de los niños" y así decidieron "que los abogados se dediquen a los juicios (a los represores) y nosotros nos ocupemos de la gente" sintetizó.
"Comenzamos con el café literario y la Universidad de las Madres, y seguimos avanzando y pensando en cómo entrar a las villas sin hacer beneficencia porque nuestros hijos nunca quisieron eso", continuó.
La tarea de construcción de viviendas en distintos barrios de la ciudad y el conurbano es para Bonafini "un sueño hecho realidad, como soñaron nuestros hijos" y que "nunca se hubiera podido concretar si no fuera por el apoyo de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)".
"Estamos haciendo parte de lo que ellos querían, ellos lo hacían de otra manera, con otro pensamiento pero de todas maneras construir un barrio, dos o tres, un hospital, es hacer cosas que ellos querían", sostuvo.
"Para nosotras esto era impensado", afirmó y con realismo señaló que "nosotras no somos un gobierno, pero sí queremos apostar a esta patria, donde nuestros hijos dieron la vida. Es ésto o el caos. ¿En quién vamos a confiar, en los que nos hicieron pedazos?" se preguntó.
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo hoy que tras 32 años de lucha "las Madres seremos recordadas como mujeres preocupadas por los problemas sociales y no sólo por perseguir milicos para que los encierren".
"La lucha de las madres pasó por distintas etapas que nos hicieron más sólidas con el tiempo", afirmó Bonafini a Télam desde la Casa de las Madres en el barrio de Congreso, antes de participar de las actividades por el 32 aniversario de la primera marcha encabezada por Azucena Villaflor a la Plaza de Mayo.
Según Bonafini, el secuestro de Azucena Villaflor, principal motor que impulsó a que un grupo de catorce madres fueran a la Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos secuestrados por la dictadura, marcó para siempre el destino de las Madres.
"Cuando se llevaron a Azucena en 1977 desbarataron a nuestro movimiento formado ya por unas 200 madres; hubo que volver a empezar y ese volver a empezar nos hizo plantear un montón de cosas", señaló la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Reconoció que "había muy poquitas que creíamos que no podíamos abandonar. Ya no sólo se llevaban a nuestros hijos, sino también a las madres y por eso teníamos que seguir".
El "volver a empezar" abrió una serie de planteos, y el principal que marcó la evolución de la entidad y también la brecha con otras madres, fue para Bonafini la decisión de "socializar la maternidad".
"Tomar a todos los hijos como nuestros sirvió para que nos preguntáramos cómo queríamos que nos recordaran a las madres y así decidimos que no queríamos que fuera por perseguir a milicos sino como mujeres preocupadas por los problemas sociales, en los niños que no comen, que no van a la escuela", remarcó.
La respuesta fue "mejor que nos ocupemos de los niños" y así decidieron "que los abogados se dediquen a los juicios (a los represores) y nosotros nos ocupemos de la gente" sintetizó.
"Comenzamos con el café literario y la Universidad de las Madres, y seguimos avanzando y pensando en cómo entrar a las villas sin hacer beneficencia porque nuestros hijos nunca quisieron eso", continuó.
La tarea de construcción de viviendas en distintos barrios de la ciudad y el conurbano es para Bonafini "un sueño hecho realidad, como soñaron nuestros hijos" y que "nunca se hubiera podido concretar si no fuera por el apoyo de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)".
"Estamos haciendo parte de lo que ellos querían, ellos lo hacían de otra manera, con otro pensamiento pero de todas maneras construir un barrio, dos o tres, un hospital, es hacer cosas que ellos querían", sostuvo.
"Para nosotras esto era impensado", afirmó y con realismo señaló que "nosotras no somos un gobierno, pero sí queremos apostar a esta patria, donde nuestros hijos dieron la vida. Es ésto o el caos. ¿En quién vamos a confiar, en los que nos hicieron pedazos?" se preguntó.
miércoles, 29 de abril de 2009
JUICIO ORAL AL REPRESOR CAVALLO
El juez federal Sergio Torres rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino, declaró "clausurada la instrucción", y elevó los expedientes. Es por los casos del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio oral y público la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por los secuestros y torturas del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
En sendas resoluciones de 43 y 110 carillas, respectivamente, a las que Télam tuvo acceso, el magistrado rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino y declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).
El TOF5 tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El represor, oportunamente extraditado del Reino de España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA; el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de ’alto policía’" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.
La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.
Con la intervención del secretario Pablo Yadrola, el juez tuvo por acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.
El magistrado probó que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Wals "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.
Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, Torres calificó las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".
En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, el juez explicó que esa investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.
Fuente: Télam
El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio oral y público la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por los secuestros y torturas del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
En sendas resoluciones de 43 y 110 carillas, respectivamente, a las que Télam tuvo acceso, el magistrado rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino y declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).
El TOF5 tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El represor, oportunamente extraditado del Reino de España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA; el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de ’alto policía’" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.
La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.
Con la intervención del secretario Pablo Yadrola, el juez tuvo por acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.
El magistrado probó que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Wals "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.
Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, Torres calificó las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".
En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, el juez explicó que esa investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.
Fuente: Télam
martes, 28 de abril de 2009
COMENZÓ EL JUICIO A LOS RESPONSABLES DE CAMPO DE MAYO
El ex general Santiago Omar Riveros quedó formalmente acusado este lunes, junto a otros cinco militares, por el brutal crimen del adolescente Floreal Avellaneda cometido en 1976, en el comienzo del juicio oral en el que se conoció que el ex mandamás de Campo de Mayo y otros dos ex jefes castrenses fueron enviados a una cárcel común.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que comenzó a ventilar el secuestro de Iris Etelvina Pereyra y su hijo Floreal, militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC), de 15 años y asesinado luego de feroces torturas.
Santiago Riveros (86), ex representante de la Argentina en la Junta Interamericana de Defensa, perdió el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria y ahora comparte el pabellón de condenados y procesados por delitos contra la humanidad con el dictador Jorge Videla, siendo así los dos más ancianos en la prisión federal de Marcos Paz.
También perdieron el arresto en su casa otros dos ex generales enjuiciados, Fernando Exequiel Verplaetsen (83), ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares con jurisdicción en Campo de Mayo y ex jefe de la Policía Bonaerense, y Osvaldo García (78), ex jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
La noticia se conoció hoy en la audiencia inaugural del juicio por el asesinato de Floreal Edgardo "Negrito" Avellaneda, pero los tres ex jerarcas castrenses ya están en Marcos Paz desde el miércoles pasado.
La defensa oficial de los ex generales hizo un planteo al tribunal porque dijeron que aquellos "fueron levantados a las dos de la mañana" para ser trasladados a San Martín y, a su entender, eso atenta "contra su avanzada edad y estado de salud", lo cual despertó risas en el público. Pero el tribunal oral tomó la decisión con vistas a que los acusados "estén a derecho" durante la tramitación del debate oral y hasta que se llegue a una sentencia.
Los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti abrieron este debate, el primero que tiene lugar en la llamada "megacausa Primer Cuerpo" a ex comandantes de la mayor base militar del país, donde funcionaron tres centros clandestinos de detención durante la represión ilegal.
Riveros, Verplaetsen y García están acusados como "coautores mediatos" del secuestro, torturas y homicidio de Avellaneda, que militaba en la FJC de Avellaneda, y el secuestro y torturas sufridas por su madre, Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda, ambos capturados en la casa familiar el 15 de abril de 1976.
Los otros tres ex uniformados sentados en el banquillo, acusados como "coautores materiales", son el ex capitán César Amadeo Fragni (75), el ex teniente primero Raúl Harsich (62) -ambos estaban en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo-, y el ex oficial de la Policía Bonaerense Alberto Aneto (75).
En la audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio que hizo el fiscal de San Martín Jorge Sica, y las acusaciones que formularon las querellas del Partido Comunista, la Secretaría de Derechos Humanos y el colectivo "Justicia YA".
Fuente: Télam
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que comenzó a ventilar el secuestro de Iris Etelvina Pereyra y su hijo Floreal, militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC), de 15 años y asesinado luego de feroces torturas.
Santiago Riveros (86), ex representante de la Argentina en la Junta Interamericana de Defensa, perdió el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria y ahora comparte el pabellón de condenados y procesados por delitos contra la humanidad con el dictador Jorge Videla, siendo así los dos más ancianos en la prisión federal de Marcos Paz.
También perdieron el arresto en su casa otros dos ex generales enjuiciados, Fernando Exequiel Verplaetsen (83), ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares con jurisdicción en Campo de Mayo y ex jefe de la Policía Bonaerense, y Osvaldo García (78), ex jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
La noticia se conoció hoy en la audiencia inaugural del juicio por el asesinato de Floreal Edgardo "Negrito" Avellaneda, pero los tres ex jerarcas castrenses ya están en Marcos Paz desde el miércoles pasado.
La defensa oficial de los ex generales hizo un planteo al tribunal porque dijeron que aquellos "fueron levantados a las dos de la mañana" para ser trasladados a San Martín y, a su entender, eso atenta "contra su avanzada edad y estado de salud", lo cual despertó risas en el público. Pero el tribunal oral tomó la decisión con vistas a que los acusados "estén a derecho" durante la tramitación del debate oral y hasta que se llegue a una sentencia.
Los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti abrieron este debate, el primero que tiene lugar en la llamada "megacausa Primer Cuerpo" a ex comandantes de la mayor base militar del país, donde funcionaron tres centros clandestinos de detención durante la represión ilegal.
Riveros, Verplaetsen y García están acusados como "coautores mediatos" del secuestro, torturas y homicidio de Avellaneda, que militaba en la FJC de Avellaneda, y el secuestro y torturas sufridas por su madre, Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda, ambos capturados en la casa familiar el 15 de abril de 1976.
Los otros tres ex uniformados sentados en el banquillo, acusados como "coautores materiales", son el ex capitán César Amadeo Fragni (75), el ex teniente primero Raúl Harsich (62) -ambos estaban en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo-, y el ex oficial de la Policía Bonaerense Alberto Aneto (75).
En la audiencia se leyó la requisitoria de elevación a juicio que hizo el fiscal de San Martín Jorge Sica, y las acusaciones que formularon las querellas del Partido Comunista, la Secretaría de Derechos Humanos y el colectivo "Justicia YA".
Fuente: Télam
lunes, 20 de abril de 2009
UN FISCAL PIDIÓ JUICIO ORAL PARA LUIS PATTI Y REYNALDO BIGNONE
Es en el marco de la causa por el secuestro y desaparición de cinco personas, durante la última dictadura militar. El pedido también incluyó al ex general Santiago Omar Rivero y el ex policía Eduardo Espósito.
El fiscal federal de San Martín Jorge Sica pidió que el represor Luis Patti y el ex dictador Reynaldo Bignone sean enviados a juicio oral por el secuestro y desaparición de un ex legislador y cuatro militantes del Partido Justicialista durante la última dictadura.
El pedido de juicio oral también incluyó al ex general Santiago Omar Rivero y el ex policía Eduardo Espósito.
El reclamo de elevar a juicio oral fue formulado al juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj, por los casos que tuvieron como víctimas a el diputado Diego Muñiz Barreto, Gastón Goncálves, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D’Amico.
Patti fue procesado con prisión preventiva en diciembre de 2007 por el entonces juez federal Alberto Suáres Araujo por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y allanamiento ilegal.
Patti se encuentra detenido -en el penal bonaerense de Marcos Paz- desde abril de 2008, cuando perdió sus fueros como legislador luego que la Cámara de Diputados le quitara la inmunidad parlamentaria.
El fiscal federal de San Martín Jorge Sica pidió que el represor Luis Patti y el ex dictador Reynaldo Bignone sean enviados a juicio oral por el secuestro y desaparición de un ex legislador y cuatro militantes del Partido Justicialista durante la última dictadura.
El pedido de juicio oral también incluyó al ex general Santiago Omar Rivero y el ex policía Eduardo Espósito.
El reclamo de elevar a juicio oral fue formulado al juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj, por los casos que tuvieron como víctimas a el diputado Diego Muñiz Barreto, Gastón Goncálves, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D’Amico.
Patti fue procesado con prisión preventiva en diciembre de 2007 por el entonces juez federal Alberto Suáres Araujo por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y allanamiento ilegal.
Patti se encuentra detenido -en el penal bonaerense de Marcos Paz- desde abril de 2008, cuando perdió sus fueros como legislador luego que la Cámara de Diputados le quitara la inmunidad parlamentaria.
viernes, 10 de abril de 2009
PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A CASTELLANOS
Al juez que lleva adelante las causas por delitos de lesa humanidad, Alejandro Castellanos, titular del Juzgado Nº 1, se le pedirá juicio político ya que, según organismos de Derechos Humanos “hay intencionalidad del magistrado de favorecer a los imputados”.
Gloria León, abogada querellante de los juicios por la verdad en dialogó con FM De la Azotea expresó: “El pedido de juicio político a Castellanos se viene consultando desde hace ya muchos meses porque el magistrado tiene actitudes, que en lo personal, puede opinar distinto a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, pero debe ser totalmente imparcial a la hora del veredicto”.
Además, la representante legal agregó que en las indagatorias, el imputado puede no declarar si quiere, pero eso, no quiere decir que el juez tenga que sobreseerlos o declarar “falta de méritos”.
Cuando se le consultó a la legalista sobre que otros inconvenientes acarreaban cuando llevaban adelante juicios de esta magnitud contestó que “otro problema que tenemos es la demora que hay en la Cámara Federal de Apelaciones, los juicios se retrasan y eso hace que los culpables sigan transitando libremente”. Al mismo tiempo, en esta cámara existe una Secretaría especial que debería dotar de los elementos técnicos y monitorear estos juzgamientos. En la actualidad, los magistrados no pueden grabar los litigios por no poseer estas herramientas técnicas, es decir, no queda constancia de las indagaciones que se realizan.
“Castellanos tomó una determinación que no esta fundada en el derecho, existe una falta procesal. Cada resolución de los jueces tiene que estar fundadas en el derecho”, agregó Gloría León. Por último dijo: “Acá hay una línea que conduce para crear convicción de que hay intencionalidad de favorecer a los imputados”.
Gloria León, abogada querellante de los juicios por la verdad en dialogó con FM De la Azotea expresó: “El pedido de juicio político a Castellanos se viene consultando desde hace ya muchos meses porque el magistrado tiene actitudes, que en lo personal, puede opinar distinto a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, pero debe ser totalmente imparcial a la hora del veredicto”.
Además, la representante legal agregó que en las indagatorias, el imputado puede no declarar si quiere, pero eso, no quiere decir que el juez tenga que sobreseerlos o declarar “falta de méritos”.
Cuando se le consultó a la legalista sobre que otros inconvenientes acarreaban cuando llevaban adelante juicios de esta magnitud contestó que “otro problema que tenemos es la demora que hay en la Cámara Federal de Apelaciones, los juicios se retrasan y eso hace que los culpables sigan transitando libremente”. Al mismo tiempo, en esta cámara existe una Secretaría especial que debería dotar de los elementos técnicos y monitorear estos juzgamientos. En la actualidad, los magistrados no pueden grabar los litigios por no poseer estas herramientas técnicas, es decir, no queda constancia de las indagaciones que se realizan.
“Castellanos tomó una determinación que no esta fundada en el derecho, existe una falta procesal. Cada resolución de los jueces tiene que estar fundadas en el derecho”, agregó Gloría León. Por último dijo: “Acá hay una línea que conduce para crear convicción de que hay intencionalidad de favorecer a los imputados”.
martes, 7 de abril de 2009
LA CORTE SUPREMA PRESENTÓ LA COMISIÓN PAR AGILIZAR LAS CAUSAS DE LESA HUMANIDAD
La Corte Suprema de Justicia presentó oficialmente a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, un organismo integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de la Procuración General y del Consejo de la Magistratura.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, encabezaron el acto que tuvo lugar en el 4º Piso del Palacio de Tribunales, donde tienen asiento los despachos del máximo tribunal.
Al halar al auditorio, Lorenzetti anunció que habrá "una serie de sugerencias" a los tribunales, pero aclaró que los jueces tienen autonomía para decidir el curso de sus investigaciones.
"Estamos reuniendo a los tres poderes del Estado, en un caso único de política de Estado a largo plazo donde todos nos involucramos e intentamos solucionar un problema", subrayó el titular de la Corte.
Lorenzetti reconoció que persisten "problemas organizativos" y pronosticó que podrán ser resueltos con la participación de los tres poderes del Estado.
Entre las medidas que podrían tomarse a corto plazo, el titular de la Corte anunció la creación de tres nuevos juzgados orales para descomprimir la cantidad de causas.
"Esta es una respuesta a la sociedad que viene reclamando justicia" sobre los episodios ocurridos durante la represión de Estado en la última dictadura.
La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad "se propone aunar esfuerzos institucionales con el objetivo de resolver conjuntamente las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de causas por delitos cometidos durante la última dictadura militar".
Creado por la acordada número 42 de la Corte, de finales de diciembre pasado, el nuevo organismo "tendrá por función el relevamiento de las causas en trámite, con facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicio en un tiempo razonable".
En el acto estuvieron presentes, entre otros, el juez federal Daniel Rafecas, su colega jubilado Mario Gustavo Costa, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, el fiscal general Jorge Auat, el director de Asuntos Jurídicos del Senado, Juan Carlos Salerni y representantes de una decena de ONGs.
Entre éstas, Poder Ciudadano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de ex detenidos desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
También estuvieron presentes representantes del CELS, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), de la Liga Argentina por los Derechos del Hombres y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Fuente: Pagona 12
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, encabezaron el acto que tuvo lugar en el 4º Piso del Palacio de Tribunales, donde tienen asiento los despachos del máximo tribunal.
Al halar al auditorio, Lorenzetti anunció que habrá "una serie de sugerencias" a los tribunales, pero aclaró que los jueces tienen autonomía para decidir el curso de sus investigaciones.
"Estamos reuniendo a los tres poderes del Estado, en un caso único de política de Estado a largo plazo donde todos nos involucramos e intentamos solucionar un problema", subrayó el titular de la Corte.
Lorenzetti reconoció que persisten "problemas organizativos" y pronosticó que podrán ser resueltos con la participación de los tres poderes del Estado.
Entre las medidas que podrían tomarse a corto plazo, el titular de la Corte anunció la creación de tres nuevos juzgados orales para descomprimir la cantidad de causas.
"Esta es una respuesta a la sociedad que viene reclamando justicia" sobre los episodios ocurridos durante la represión de Estado en la última dictadura.
La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad "se propone aunar esfuerzos institucionales con el objetivo de resolver conjuntamente las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de causas por delitos cometidos durante la última dictadura militar".
Creado por la acordada número 42 de la Corte, de finales de diciembre pasado, el nuevo organismo "tendrá por función el relevamiento de las causas en trámite, con facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicio en un tiempo razonable".
En el acto estuvieron presentes, entre otros, el juez federal Daniel Rafecas, su colega jubilado Mario Gustavo Costa, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, el fiscal general Jorge Auat, el director de Asuntos Jurídicos del Senado, Juan Carlos Salerni y representantes de una decena de ONGs.
Entre éstas, Poder Ciudadano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de ex detenidos desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
También estuvieron presentes representantes del CELS, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), de la Liga Argentina por los Derechos del Hombres y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Fuente: Pagona 12
lunes, 6 de abril de 2009
MASSERA SERÁ ENJUICIADO EN ITALIA
Lo decidió el tribunal de Roma por la muerte de tres italianos durante la dictadura. El represor será juzgado el 30 de septiembre, ya que quedó demostrado que se encuentra en "plenas facultades" para afrontar el proceso. No será extraditado.
Un tribunal de Roma decidió enviar a juicio al ex dictador Emilio Massera por la muerte de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en Argentina (1976-1983), informaron fuentes judiciales al diario español elmundo.es.
El juicio al ex dictador argentino comenzará el próximo 30 de septiembre en Roma, después de que el tribunal viera indicios de una "corresponsabilidad más que fundada" de Massera en la muerte de los italianos, explicaron las fuentes.
Esta decisión llega después de que el pasado 4 de marzo el juez del Tribunal de Roma Marco Mancinetti acogiera la pericia médica que certificaba que Massera, de 83 años, está en "plenas facultades" para afrontar un proceso por la muerte de los italianos Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana.
Massera "debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios", según el estudio médico, de 28 páginas.
El sumario sobre Massera, que fue apartado del proceso principal por la muerte y desaparición de los italianos, quedó suspendido en 2005, después de que un anterior informe pericial médico determinara que el acusado padecía demencia.
Según explicó Jorge Iturburu, apoderado de los querellantes en la causa, la vista celebrada hoy en Roma consistió en un acto de acusación y defensa, tras el que se decidió enviar a juicio al ex dictador argentino el próximo septiembre.
Anteriormente habían sido condenados en rebeldía a cadena perpetua los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek por la muerte de Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en prisión.
El Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado 26 de febrero la condena a cadena perpetua de Astiz, ex oficial de la Marina argentina y el único que había presentado recurso.
Fuente: Télam
miércoles, 25 de marzo de 2009
UN PUEBLO SIN MEMORIA ESTA CONDENADO A LA DERROTA
En conmemoración del golpe cívico militar de 1976 ayer todo el país se movilizó en repudio de lo sucedido en esos años. En Mar del Plata marcharon, como todos los años, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo junto a distintas organismos de Derechos Humanos, pidiendo justicia y memoria.
Hace ya 33 años la última dictadura militar. La misma es recordada con mucho sufrimiento por gran parte de la población. Más de 30 mil personas fueron desaparecidas en esos años y otras tantas fueron reprimidas por tener una ideología distinta al gobierno de turno.
Varias actividades en relación a la memoria y la justicia fueron realizadas en estos días. El domingo pasado en el Teatro Diagonal se proyectó un documental mostrando la otra historia del “Mundial 78” y otro llamado “Operativo Independencia”. En donde luego cantó Pito Farias.
El lunes 23 de marzo se proyectaron videos, realizados por alumnos del programa “Jóvenes y Memoria”, desde la mañana. Suteba también se unió realizando una muestra para la escuela Técnica 3. A las 11 se realizó una marcha y un escrache a la Cámara Federal de Apelaciones. Asimismo, por la tarde se realizó el acto de la Memoria Portuaria, en el mismo se colocó una placa en conmemoración a los trabajadores fileteros desaparecidos. Desde las 18 hasta la madrugada se realizaron distintas actividades en la cual participaron diferentes bandas. Entre ellas estuvieron Kamenish, Rabayo Rock, Tilt, La Rústica, Descarrilados Rock, La Arriaga, entre otras. También participaron algunas murgas como Los Murguientos, La miseria es ilegal, Desorbitados, Fantasía arrabalera y Los Bakanes. El teatro también estuvo presente haciendo algunas funciones por la noche. A su vez, frente al monumento a San Martín se proyecto durante todo el día algunos documentales.
Durante el Día de la Memoria la Asociación de Madres de Plaza de Mayo se hizo presente desde temprano. Armaron stanes con folletos sobre las actividades que se encuentran realizando, así como también, libros sobre el la dictadura. A su vez, distintas agrupaciones de estudiantes organizados desplegaron sus banderas en apoyo a la lucha de las Madres. Entre en monumento de San Martín y la Iglesia se hizo un gran despliegue informativo, incluyo fotos de desaparecidos, archivos de diarios y comentarios.
Desde las 16 algunas murgas y bandas tocaron frente al monumento. Antes de la movilización se realizó un repudio en la comisaría Nº 1. Las organizaciones que participaron fueron Familias sin Techo, Partido Obrero, MAS, Movimiento de Liberación y Lucha, Centro Cultural América Libre, MTR, Facultad de Psicología, El MU, y el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas).
La marcha fue encabezaba por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Comenzó en el monumento de San Martín recorrió Luro hasta llegar a Corrientes siguió hasta Rivadavia y llegaron al punto de partida doblando por Yrigoyen. Participó el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Movimiento Evita, la UCR, el PCR (Partido Comunista Revolucionario), la Juventud Peronista de Quinta Sección, la Juventud Batan, el PJ Evita, Libres del Sur, Jóvenes al Frente, Centro de Estudiantes de Humanidades, entre otros.
Por último, se proyectó un video llamado “Un claro día de justicia” en el cual participaron algunas víctimas del golpe cívico militar y contaban lo vivido en ese momento. También se proyectó parte del enjuiciamiento a los represores.
LAS MADRES TAMBIEN HABLAN
Irene Molinari, una de las integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata habló horas antes de la marcha y dijo estar completamente segura de que los jóvenes pueden hacer el cambio y aclaró que ellos necesitan ser ayudados también por otras generaciones.
“Las expectativas son las de siempre que la gente participe, se interiorice y se comprometa a llevar adelante los derechos humanos”. En la actualidad se ha desvirtuado la concepción se algunas personas sobre los derecho humanos. En este sentido Molinari comentó que parecen tener poco valor cuando precisamente implican son los que garantizan la igualdad, la libertad y educación.
La cantidad de gente que se suma a este día va cambiando según el año. Las personas concurren a la marcha por que se ven involucradas. Pero “cada año se ve una mayor participación y un mayor compromiso” sobretodo se nota la llegada en los colegios donde llaman a la asociación constantemente.
“Ningún otro gobierno como el anterior o este se comprometieron con los derecho humanos”. El ejecutivo permitió que las leyes de impunidad cayeran, que se juzgaran a los genocidas, así como también que se retirara la foto de Videla.
Sobre la redistribución de las riquezas en el país opinó que falta mucho por hacer todavía. “Hay muchos sectores todavía rezagados, muchos otros donde falta la salud primaria, la vivienda y la escuela. Falta mucho todavía”.
En los últimos años los jóvenes han vuelto a apostar a la política, demostrando que no se puede ser apolítico por miedo a lo que pueda pasar. “La política ayuda a pensar a reflexionar y a solidarizarnos. Implica pensar en el otro y construir un país donde estemos incluidos todos los habitantes”. También indico que “Los jóvenes pueden hacer el cambio porque piensan utópicamente tienen ideales y saben asumirlos con compromiso. Los jóvenes están en la plena rebeldía, son ellos lo que producen los cambios, también creo que hay una generación que tiene que acompañarlos, no dejarlos solos”. Es importante que se tome en serio esta cuestión, ya que no es justo que solo los jóvenes se sacrifiquen por los demás. “Ellos nos empujan a hacer cosas y nosotros también tenemos que apoyarlos, acompañarlos y sostenerlos”.
Para concluir comentó que los proyectos para este año son varios que siguen con las viviendas en construcción y con los seminarios. Además dijo que tienen muchos proyectos para el año.
PARA INFORMARSE MÁS
Desde el año 2000 la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata realiza diferentes actividades con la comunidad. Hace ya nueve años que funciona una Universidad Popular, en la que se ofrecen carreras, seminarios, talleres, cursos y clases públicas. La asociación organiza congresos de Salud Mental y derechos humanos, así como también de economía política y derechos humanos. Asimismo ofrecen una biblioteca popular. La institución esta llevando a cabo el proyecto “Sueños compartidos”, plan de construcción de viviendas que realizan trabajadores capacitados junto a los futuros dueños de las viviendas. A su vez se les ofrece a las familias la contención de los niños en jardines de infantes espacialmente preparados, comedores y talleres de costura.
Hace ya 33 años la última dictadura militar. La misma es recordada con mucho sufrimiento por gran parte de la población. Más de 30 mil personas fueron desaparecidas en esos años y otras tantas fueron reprimidas por tener una ideología distinta al gobierno de turno.
Varias actividades en relación a la memoria y la justicia fueron realizadas en estos días. El domingo pasado en el Teatro Diagonal se proyectó un documental mostrando la otra historia del “Mundial 78” y otro llamado “Operativo Independencia”. En donde luego cantó Pito Farias.
El lunes 23 de marzo se proyectaron videos, realizados por alumnos del programa “Jóvenes y Memoria”, desde la mañana. Suteba también se unió realizando una muestra para la escuela Técnica 3. A las 11 se realizó una marcha y un escrache a la Cámara Federal de Apelaciones. Asimismo, por la tarde se realizó el acto de la Memoria Portuaria, en el mismo se colocó una placa en conmemoración a los trabajadores fileteros desaparecidos. Desde las 18 hasta la madrugada se realizaron distintas actividades en la cual participaron diferentes bandas. Entre ellas estuvieron Kamenish, Rabayo Rock, Tilt, La Rústica, Descarrilados Rock, La Arriaga, entre otras. También participaron algunas murgas como Los Murguientos, La miseria es ilegal, Desorbitados, Fantasía arrabalera y Los Bakanes. El teatro también estuvo presente haciendo algunas funciones por la noche. A su vez, frente al monumento a San Martín se proyecto durante todo el día algunos documentales.
Durante el Día de la Memoria la Asociación de Madres de Plaza de Mayo se hizo presente desde temprano. Armaron stanes con folletos sobre las actividades que se encuentran realizando, así como también, libros sobre el la dictadura. A su vez, distintas agrupaciones de estudiantes organizados desplegaron sus banderas en apoyo a la lucha de las Madres. Entre en monumento de San Martín y la Iglesia se hizo un gran despliegue informativo, incluyo fotos de desaparecidos, archivos de diarios y comentarios.
Desde las 16 algunas murgas y bandas tocaron frente al monumento. Antes de la movilización se realizó un repudio en la comisaría Nº 1. Las organizaciones que participaron fueron Familias sin Techo, Partido Obrero, MAS, Movimiento de Liberación y Lucha, Centro Cultural América Libre, MTR, Facultad de Psicología, El MU, y el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas).
La marcha fue encabezaba por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Comenzó en el monumento de San Martín recorrió Luro hasta llegar a Corrientes siguió hasta Rivadavia y llegaron al punto de partida doblando por Yrigoyen. Participó el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Movimiento Evita, la UCR, el PCR (Partido Comunista Revolucionario), la Juventud Peronista de Quinta Sección, la Juventud Batan, el PJ Evita, Libres del Sur, Jóvenes al Frente, Centro de Estudiantes de Humanidades, entre otros.
Por último, se proyectó un video llamado “Un claro día de justicia” en el cual participaron algunas víctimas del golpe cívico militar y contaban lo vivido en ese momento. También se proyectó parte del enjuiciamiento a los represores.
LAS MADRES TAMBIEN HABLAN
Irene Molinari, una de las integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata habló horas antes de la marcha y dijo estar completamente segura de que los jóvenes pueden hacer el cambio y aclaró que ellos necesitan ser ayudados también por otras generaciones.
“Las expectativas son las de siempre que la gente participe, se interiorice y se comprometa a llevar adelante los derechos humanos”. En la actualidad se ha desvirtuado la concepción se algunas personas sobre los derecho humanos. En este sentido Molinari comentó que parecen tener poco valor cuando precisamente implican son los que garantizan la igualdad, la libertad y educación.
La cantidad de gente que se suma a este día va cambiando según el año. Las personas concurren a la marcha por que se ven involucradas. Pero “cada año se ve una mayor participación y un mayor compromiso” sobretodo se nota la llegada en los colegios donde llaman a la asociación constantemente.
“Ningún otro gobierno como el anterior o este se comprometieron con los derecho humanos”. El ejecutivo permitió que las leyes de impunidad cayeran, que se juzgaran a los genocidas, así como también que se retirara la foto de Videla.
Sobre la redistribución de las riquezas en el país opinó que falta mucho por hacer todavía. “Hay muchos sectores todavía rezagados, muchos otros donde falta la salud primaria, la vivienda y la escuela. Falta mucho todavía”.
En los últimos años los jóvenes han vuelto a apostar a la política, demostrando que no se puede ser apolítico por miedo a lo que pueda pasar. “La política ayuda a pensar a reflexionar y a solidarizarnos. Implica pensar en el otro y construir un país donde estemos incluidos todos los habitantes”. También indico que “Los jóvenes pueden hacer el cambio porque piensan utópicamente tienen ideales y saben asumirlos con compromiso. Los jóvenes están en la plena rebeldía, son ellos lo que producen los cambios, también creo que hay una generación que tiene que acompañarlos, no dejarlos solos”. Es importante que se tome en serio esta cuestión, ya que no es justo que solo los jóvenes se sacrifiquen por los demás. “Ellos nos empujan a hacer cosas y nosotros también tenemos que apoyarlos, acompañarlos y sostenerlos”.
Para concluir comentó que los proyectos para este año son varios que siguen con las viviendas en construcción y con los seminarios. Además dijo que tienen muchos proyectos para el año.
PARA INFORMARSE MÁS
Desde el año 2000 la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata realiza diferentes actividades con la comunidad. Hace ya nueve años que funciona una Universidad Popular, en la que se ofrecen carreras, seminarios, talleres, cursos y clases públicas. La asociación organiza congresos de Salud Mental y derechos humanos, así como también de economía política y derechos humanos. Asimismo ofrecen una biblioteca popular. La institución esta llevando a cabo el proyecto “Sueños compartidos”, plan de construcción de viviendas que realizan trabajadores capacitados junto a los futuros dueños de las viviendas. A su vez se les ofrece a las familias la contención de los niños en jardines de infantes espacialmente preparados, comedores y talleres de costura.
Las Madres en La Rabia
El pasado sábado 21 de Marzo, las Madres de Plaza de Mayo, Irene y Chiqui, visitaron el estudio de F.M. De
Durante el programa las Madres pudieron conversar sobre la historia de
Sobre el final de la transmisión, las Madres se mostraron agradecidas y emocionadas con todos los jóvenes que se acercaron a presenciar el programa.
martes, 24 de marzo de 2009
"HOOFT DICE QUE YA FUE JUZGADO, PERO NO QUE SEA INOCENTE"
"Si lo destituyen, avanza la causa penal, y si eso se logra, iría a cárcel común", aseguró la Abogada Natalia Messineo en diálogo con FM De la Azotea, refiriéndose a la condena que el Juez titular del Juzgado Penal Nº3, Pedro Federico Hooft, podría obtener concluído el juicio que lo acusa de 148 delitos de lesa humanidad y por su accionar como civil en centros clandestinos. Además es inculpado de poner trabas en las investigaciones lo que le impedía ser sometido a un proceso penal ordinario.
La decisión de avanzar en la causa la tomó el jurado de enjuiciamiento después de casi 2 años en los que varios Organismos de Derechos Humanos de la ciudad como H.I.J.O.S, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación ex Detenidos-Desaparecidos y Familiares de Detenidos, entre otros, presentáran el pedido de Jury contra el Juez Hooft.
"Al igual que Patti, Hooft dice que ya fue sentenciado, pero no que es inocente. Aclara en todo momento que fue juzgado en el año 1993 por la aparición de un expediente que le inició el abogado Panoni donde se lo vinculaba con la "Noche de las corbatas", dijo Messineo; y agregó: "También es cierto que Hooft safó y quedó sobreseguido de este pedido de enjuiciamiento porque cometió un nuevo delito que fue hacer desaparecer uno de los expedientes de los Habeas Corpus de los abogados víctimas de aquella noche, el 6 de julio de 1977. En este caso el de Candeloro García".
Esta institucion jurídica aparece años después a partir de una investigación que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en todos los juzgados penales para investigar como fue el trato de esos documentos. En relación a lo acontecido, Natalia Messineo explicó: "El juez Hooft decía que el arbitrio había desaparecido pero finalmente en el `84, se dió a conocer que lo tenía en su poder. Por eso derivaba la reconstrucción de los expedientes a la corte, para que no lo pudieran juzgar y cuando tenía que mandar cuestiones que le pedían las camaras militares enviaba el documento original.
"La letrada aclaró que Hooft "no fue un juez más que rechazaba Habeas Corpus sino que hacía y dejaba de hacer determinadas cosas para que los militares pudieran actuar en centros clandestinos de detención". Por lo que puede definirse al acusado como "partícipe activo y esencial" de delitos de lesa humanidad.
"Lo importante de la resolución del viernes es que no solo nosotros y los organismos de derechos humanos decimos que Hooft cometió irregularidades para permitir la comisión de los delitos de lesa humanidad sino que los inspectores de la corte fueron a realizar información sumaria y concluyeron que hubo irregularidades en la tramitación de estos Habeas Corpus.", declaró Messineo.
Con respecto la esperada condena y a las condiciones dentro de la càrcel para Hooft, la abogada aclaró que el jurado de enjuiciamiento será quien se encargue de destituirlo al juez penal acusado por accionar erroneamente y de ocultar datos y acontecimientos; lo que lo hace partícipe de los hechos por los que se lo acusa. Por consiguiente, la expulsión de Hooft de sus cargos como juez, habilitaría la posibilidad de que la causa, que estaba trabada hasta entonces, puediese avanzar.
"El proceso se mantenía sin cambios porque los legisladores lo habían protegido y el presidente de la corte suprema le había dado dos años más de gracia en la demora de este juri.", afirmó.
Entonces, "si lo destituyen, avanza la causa penal, y si eso se logra, iría a cárcel común", conluyo Messineo.
La decisión de avanzar en la causa la tomó el jurado de enjuiciamiento después de casi 2 años en los que varios Organismos de Derechos Humanos de la ciudad como H.I.J.O.S, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación ex Detenidos-Desaparecidos y Familiares de Detenidos, entre otros, presentáran el pedido de Jury contra el Juez Hooft.
"Al igual que Patti, Hooft dice que ya fue sentenciado, pero no que es inocente. Aclara en todo momento que fue juzgado en el año 1993 por la aparición de un expediente que le inició el abogado Panoni donde se lo vinculaba con la "Noche de las corbatas", dijo Messineo; y agregó: "También es cierto que Hooft safó y quedó sobreseguido de este pedido de enjuiciamiento porque cometió un nuevo delito que fue hacer desaparecer uno de los expedientes de los Habeas Corpus de los abogados víctimas de aquella noche, el 6 de julio de 1977. En este caso el de Candeloro García".
Esta institucion jurídica aparece años después a partir de una investigación que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en todos los juzgados penales para investigar como fue el trato de esos documentos. En relación a lo acontecido, Natalia Messineo explicó: "El juez Hooft decía que el arbitrio había desaparecido pero finalmente en el `84, se dió a conocer que lo tenía en su poder. Por eso derivaba la reconstrucción de los expedientes a la corte, para que no lo pudieran juzgar y cuando tenía que mandar cuestiones que le pedían las camaras militares enviaba el documento original.
"La letrada aclaró que Hooft "no fue un juez más que rechazaba Habeas Corpus sino que hacía y dejaba de hacer determinadas cosas para que los militares pudieran actuar en centros clandestinos de detención". Por lo que puede definirse al acusado como "partícipe activo y esencial" de delitos de lesa humanidad.
"Lo importante de la resolución del viernes es que no solo nosotros y los organismos de derechos humanos decimos que Hooft cometió irregularidades para permitir la comisión de los delitos de lesa humanidad sino que los inspectores de la corte fueron a realizar información sumaria y concluyeron que hubo irregularidades en la tramitación de estos Habeas Corpus.", declaró Messineo.
Con respecto la esperada condena y a las condiciones dentro de la càrcel para Hooft, la abogada aclaró que el jurado de enjuiciamiento será quien se encargue de destituirlo al juez penal acusado por accionar erroneamente y de ocultar datos y acontecimientos; lo que lo hace partícipe de los hechos por los que se lo acusa. Por consiguiente, la expulsión de Hooft de sus cargos como juez, habilitaría la posibilidad de que la causa, que estaba trabada hasta entonces, puediese avanzar.
"El proceso se mantenía sin cambios porque los legisladores lo habían protegido y el presidente de la corte suprema le había dado dos años más de gracia en la demora de este juri.", afirmó.
Entonces, "si lo destituyen, avanza la causa penal, y si eso se logra, iría a cárcel común", conluyo Messineo.
jueves, 19 de marzo de 2009
CONFIRMAN OTRO PROCESAMIENTO PARA VIDELA
La medida de la justicia cordobesa afecta también a otros represores, entre ellos, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Estos procesamientos se suman a los dictados en octubre dentro la misma causa, por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura militar.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó hoy el procesamiento del ex dictador Jorge Rafael Videla y de otros represores entre los que figura el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en la causa "Alsina, Gustavo" por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Un vocero judicial reveló que el tribunal encabezado por Abel Sánchez Torres e integrado por los vocales Ignacio Vélez Funes y Ricardo Bustos Fierro, se pronunció en tal sentido al rechazar las apelaciones interpuestas por los defensores de los represores a los procesamientos oportunamente dictados.
Están involucrados en esta causa, además de Videla y Menéndez, los represores Jorge Gonzalez Navarro, Raúl Fierro, Vicente Meli, Víctor Pino y Mauricio Poncet, recordó el vocero.
Se trata de la causa por la imposición de tormentos agravado, imposición de tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado de 31 detenidos, en los hechos ocurridos entre los meses de abril y octubre de 1976 en la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2).
Estos procesamientos se suman a los dictados el pasado 14 de octubre en esta misma causa, cuando el aludido tribunal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Menéndez, Vicente Meli, Víctor Pino, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Angel Pérez y Osvaldo César Quiroga.
Esa medida alcanza además a Luis Alberto López, Carlos Pérez, Marcelo Luna, Calixo Flores, Alberto Luis Lucero, Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Ricardo Rocha, Juan E. Molina, Miguel Angel Gómez y Luis Alberto Rodríguez, todos acusados de imposición de tormentos agravados y homicidio calificado.
El vocero agregó que la misma resolución revoca la falta de mérito dispuesta en primera instancia y ordena el procesamiento y prisión preventiva de Enrique Pedro Mones Ruíz y Francisco Pablo D’Aloia, ambos por el delito de homicidio calificado, ordenándose en éste último caso la detención del nombrado y el procesamiento de José Felipe Tavip por encubrimiento.
Fuente: Télam
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó hoy el procesamiento del ex dictador Jorge Rafael Videla y de otros represores entre los que figura el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en la causa "Alsina, Gustavo" por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Un vocero judicial reveló que el tribunal encabezado por Abel Sánchez Torres e integrado por los vocales Ignacio Vélez Funes y Ricardo Bustos Fierro, se pronunció en tal sentido al rechazar las apelaciones interpuestas por los defensores de los represores a los procesamientos oportunamente dictados.
Están involucrados en esta causa, además de Videla y Menéndez, los represores Jorge Gonzalez Navarro, Raúl Fierro, Vicente Meli, Víctor Pino y Mauricio Poncet, recordó el vocero.
Se trata de la causa por la imposición de tormentos agravado, imposición de tormentos seguidos de muerte y homicidio calificado de 31 detenidos, en los hechos ocurridos entre los meses de abril y octubre de 1976 en la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2).
Estos procesamientos se suman a los dictados el pasado 14 de octubre en esta misma causa, cuando el aludido tribunal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Menéndez, Vicente Meli, Víctor Pino, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Angel Pérez y Osvaldo César Quiroga.
Esa medida alcanza además a Luis Alberto López, Carlos Pérez, Marcelo Luna, Calixo Flores, Alberto Luis Lucero, Yamil Jabour, Carlos Alfredo Yanicelli, Ricardo Rocha, Juan E. Molina, Miguel Angel Gómez y Luis Alberto Rodríguez, todos acusados de imposición de tormentos agravados y homicidio calificado.
El vocero agregó que la misma resolución revoca la falta de mérito dispuesta en primera instancia y ordena el procesamiento y prisión preventiva de Enrique Pedro Mones Ruíz y Francisco Pablo D’Aloia, ambos por el delito de homicidio calificado, ordenándose en éste último caso la detención del nombrado y el procesamiento de José Felipe Tavip por encubrimiento.
Fuente: Télam
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