"QUE BAJEN LOS PRECIOS"

Bajo esa consigna la organización Libres del Sur realizó una nueva jornada de protesta frente a tres hipermercados
En un comunicado la organización asegura que “los países que exportan productos alimenticios enfrentan en estos días una misma disyuntiva a lo largo y ancho del planeta: imponer límites a sus ventas al exterior y resistir el enojo de sus grupos propietarios, o liberar el sector externo y enfrentar las protestas de los sectores populares por el encarecimiento acelerado de los alimentos.
En las últimas semanas, en la Argentina se organizó un lock out contra el anuncio de retenciones móviles, una protesta que contó hasta con el apoyo de algunos de los beneficiarios de la medida que los indignaba, como grupos de las clases medias urbanas.
El lock out patronal que produjo desabastecimiento en hospitales, comedores escolares y geriátricos mientras los productores tiraban la comida, aumentando a la vez los precios de lo poco que se podía conseguir. Abierto el período de diálogo entre el Gobierno Nacional y las entidades agropecuarias y reestablecida la cadena de abastecimiento nos encontramos que muchos de los precios que subieron no volvieron a bajar o lo hicieron muy escasamente y con aumentos notorios en los hipermercados y supermercados.
Para contener la inflación provocada por el aumento del precio internacional de sus productos, China, Vietnam, India, Camboya y Pakistán optaron por lo mismo que el gobierno en Buenos Aires: aplicar retenciones a las exportaciones y recortar (o suspender por completo) las ventas al exterior de algunos productos para aumentar la oferta interna y contener la inflación.

Blanco sobre negro

El problema de la inflación es mundial, es urgente, avanza rápido, carcome las economías de los países exportadores de productos alimenticios como el nuestro y pone en tensión a sus sociedades, las retenciones y límites a las exportaciones son algunas de las herramientas que el Estado tiene a mano para resistir el doble acecho de las ganancias de los grupos económicos nativos y las presiones del mercado global, una tenaza que oprime a los gobiernos y la distribución interna de los recursos, el excedente y los alimentos.
En el centro del debate esta el problema de la inflación y la necesidad de aplicar retenciones para evitar que el aumento de los precios internacionales que ha llevado la tasa de ganancia al 45%, impacte en la calidad de vida de los sectores populares.
Es por eso que este 14 de Mayo nos movilizamos a los grandes hipermercados para defender nuestro derecho a tener una vida digna y para que nadie pase hambre por culpa de la ambición de los poderosos del campo antes, ahora la de los industriales, minoristas y otros que buscan enriquecerse ilegítimamente.”

MIEMBRO DEL MOCASE- VÍA CAMPESINA LLEVA 20 DÍAS DETENIDO

El campesino Miguel Rodríguez, de 67 años y en delicado estado de salud, integrante de la Central Campesina de Pinto del departamento Aguirre, Mitre y Salavina, fue detenido el 24 de abril a la noche cuando intentó denunciar el robo de animales por parte de un empresario sojero y su guardia privado.
En una acción de mundo al revés, en lugar de tomarle la denuncia, la policía local –al servicio de los grandes hacendados- detuvo al integrante del Mocase-VC y ordenó la detención de otros diez.
Miguel Rodríguez vive desde siempre en la misma tierra. Pero desde hace 8 años padece las amenazas, matanza de animales y violencia por parte del terrateniente Claudio Trono y su guardia privada Daniel Queen. Justamente éste triste personaje robó, a mediados de abril, una veintena de chanchos de Rodríguez. El jueves 24 de abril, Rodríguez salió de su rancho, recorrió 30 kilómetros hasta el pueblo de Pinto. Y llegó hasta la comisaría con la intención de denunciar el robo. Luego de hacerlo esperar cuatro horas, y sin siquiera tomarte testimonio, le comunicaron que quedaba detenido e incomunicado por orden del Juez Álvaro Mansilla, de Añatuya, por una denuncia del 2007 realizada por paramilitares. Está acusado de "robo calificado" por defender su propia tierra.
Rodríguez lleva 20 días detenido por causas inventadas. La cuestión de fondo es la complicidad entre policías y empresarios, que quieren despojarlo de su tierra.
Durante estos días, el Juez Mansilla, solo mostró su falta de voluntad para realizar indagatoria, tomándose días libres luego del 1 de mayo presentando ficha médica, mientras tanto Miguel Rodríguez, alojado en la comisaría de Añatuya, nunca fue atendido por un médico, descuidando su endeble estado de salud (sufre alta presión arterial e insuficiencia cardiaca.
Por su parte, el Ministerio de Justicia de la Provincia, no ha dado ningún tipo de respuesta a este problema puntual y otros tantos que como Movimiento Campesino venimos denunciando permanentemente. Su única respuesta fue "vengan a la capital para pedir una audiencia con la asesora", "solo pueden asesorar y no intervenir en el caso porque no tienen ninguna ingerencia".
En Santiago del Estero las prácticas de amedrentamiento contra las familias campesinas e indígenas para ser expulsada de sus territorios ancestrales, sigue siendo una moneda corriente: terratenientes que contratan paramilitares, con la complicidad de policías y jueces, como Álvaro Mansilla y otros que responden a los intereses de empresarios tomando decisiones que violan el derecho de los campesinos e indígenas.
El Gobierno en vez de apoyar a los monocultivos de soja, debiera apoyar a la producción de alimentos, la agricultura y ganadería campesina indígena sostenible.
Como Mocase-VC exigimos la inmediata libertad del compañero Miguel Rodríguez y que sea investigado y removido de su cargo Álvaro Mansilla. Para reforzar esto, nos manifestamos pacíficamente hoy frente al juzgado de Añatuya.


Llamar pidiendo informe al Juez Álvaro Mansilla 03844-421090
Ministerio de Justicia de la provincia- secretaria de Daives 0385-154155043128
Contactos Secretaría de Comunicación de MOCASE-VC 03843-421195/ 15400980 / 15456493



Fuente: (MOCASE-VC Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)

UNA LEY QUE LA SOCIEDAD REQUIERE.

Por Pedro Medina* (para Agencia Anda)

Desde hace años diversas organizaciones sociales y políticas han expresado la necesidad de avanzar en la derogación de una de las leyes del gobierno de facto, que como no podía ser de otro modo, atenta en forma explícita, contra derechos esenciales, constitucionalmente reconocidos e inclusive, receptados por los Tratados Internacionales de DDHH.
Las clases dominantes, utilizaron históricamente, "la seguridad nacional" como excusa para acallar la oposición pública y las críticas. La ley 22,285 contemplo ésta situación, al receptar ésta doctrina en su art. 7º, al establecer que los servicios de radiodifusión, tenían que prestar la colaboración que les sea requerida, para la consecución de ésos fines, facultándose al Poder Ejecutivo Nacional, a imponer restricciones, al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por dicha ley.
Bien es sabido, que la limitación en cuanto a la libertad de expresión, y la restricción en cuanto al derecho a la información, han sido mecanismos, utilizados para evitar el pluralismo y la diversidad y de ésa manera evitar la promoción y difusión de otras culturas, afectando a su vez el derecho de todos los ciudadanos, de conocer sobre todos los actos de gobierno y funcionarios.
Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, en cuanto al desarrollo de la identidad social, por lo tanto los servicios que se prestan a través de las emisiones de distinto tipo, deben de estar, direccionados al servicio de la población en su conjunto, para acceder a la información en forma exacta y democrática.
Los medios de comunicación, no pueden ser utilizados como "métodos", para implantar una ideología dominante, sobre la base de la desinformación, o la deformación de la realidad de acuerdo a los intereses de quienes ejercen el monopolio sobre los mismos.
Detentar el poder, de los medios, afianzado a través de una cobertura "legal", se ha traducido promoviéndose el monopolio en los medios de comunicación en forma privilegiada a los grandes grupos económicos y por oposición, se les vedó la posibilidad de expresarse libremente a las organizaciones sociales, mutuales y personas físicas o jurídicas que no veían en ello un afán de lucro, sino, el lugar idóneo, adecuado para expresar libremente el pensamiento social, sobre la base de la diversidad, en la construcción de un Estado democrático.
Luego de muchos años, se obtuvieron fallos de la Corte Suprema, reconociendo a la libertad de expresión, y al derecho a la información, como verdaderos derechos de todos los integrantes de la humanidad y no como el ejercicio oligopólico de sociedades comerciales, con fines de lucro. (Asoc. Mutual Carlos Mugica, Radio comunitaria La Ranchada. miembro de FARCO).
El mantenimiento de leyes de la dictadura, produce a la vez una inseguridad jurídica, ya que dichas normativas, fueron creadas como herramientas de dominación y no de construcción de una sociedad participativa, razón por la cual, es necesaria la derogación de dicha ley, e implementar una normativa que recepte el pensamiento social, ya que la continuidad en el tiempo de la ley 22.285, no es otra cosa que la perpetuidad, de la limitación de derechos esenciales de la población, que hoy, de hecho, comienza a pedir algo distinto.
Pero no sólo de gobiernos de facto estamos hablando, sino también la de aquellos, que en el marco de las políticas neoliberales, produjeron "retoques" a la mencionada ley, para dar lugar a la proliferación de los llamados multimedios.
Dé esta manera se requiere una ley, que no valore intereses económicos para hacer uso del legítimo derecho de expresarse libremente ya que..."toda persona tiene derecho a expresar sus ideas por la prensa, sin censura previa..." caso contrario, sería mantener un marco normativo, que encierra una idea, de restricciones, para determinados sectores de la comunidad, al no poder expresar sus ideas en forma masiva a través de los medios, y éstos no pueden ser utilizados como herramientas de una clase dominante. La comunicación sí y sólo sí, debe ser entendida, como patrimonio común, por lo tanto el objetivo debe ser el de desmonopolizar las frecuencias radiales, haciendo que los medios comunitarios y populares, tengan mayor protagonismo.
El derecho no debe constituirse en un instrumento de dominación, sino, que debe ser la recepción, de lo que verdaderamente una sociedad requiere.



*Abogado e integrante del ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana)