UNA LEY QUE LA SOCIEDAD REQUIERE.

Por Pedro Medina* (para Agencia Anda)

Desde hace años diversas organizaciones sociales y políticas han expresado la necesidad de avanzar en la derogación de una de las leyes del gobierno de facto, que como no podía ser de otro modo, atenta en forma explícita, contra derechos esenciales, constitucionalmente reconocidos e inclusive, receptados por los Tratados Internacionales de DDHH.
Las clases dominantes, utilizaron históricamente, "la seguridad nacional" como excusa para acallar la oposición pública y las críticas. La ley 22,285 contemplo ésta situación, al receptar ésta doctrina en su art. 7º, al establecer que los servicios de radiodifusión, tenían que prestar la colaboración que les sea requerida, para la consecución de ésos fines, facultándose al Poder Ejecutivo Nacional, a imponer restricciones, al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por dicha ley.
Bien es sabido, que la limitación en cuanto a la libertad de expresión, y la restricción en cuanto al derecho a la información, han sido mecanismos, utilizados para evitar el pluralismo y la diversidad y de ésa manera evitar la promoción y difusión de otras culturas, afectando a su vez el derecho de todos los ciudadanos, de conocer sobre todos los actos de gobierno y funcionarios.
Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, en cuanto al desarrollo de la identidad social, por lo tanto los servicios que se prestan a través de las emisiones de distinto tipo, deben de estar, direccionados al servicio de la población en su conjunto, para acceder a la información en forma exacta y democrática.
Los medios de comunicación, no pueden ser utilizados como "métodos", para implantar una ideología dominante, sobre la base de la desinformación, o la deformación de la realidad de acuerdo a los intereses de quienes ejercen el monopolio sobre los mismos.
Detentar el poder, de los medios, afianzado a través de una cobertura "legal", se ha traducido promoviéndose el monopolio en los medios de comunicación en forma privilegiada a los grandes grupos económicos y por oposición, se les vedó la posibilidad de expresarse libremente a las organizaciones sociales, mutuales y personas físicas o jurídicas que no veían en ello un afán de lucro, sino, el lugar idóneo, adecuado para expresar libremente el pensamiento social, sobre la base de la diversidad, en la construcción de un Estado democrático.
Luego de muchos años, se obtuvieron fallos de la Corte Suprema, reconociendo a la libertad de expresión, y al derecho a la información, como verdaderos derechos de todos los integrantes de la humanidad y no como el ejercicio oligopólico de sociedades comerciales, con fines de lucro. (Asoc. Mutual Carlos Mugica, Radio comunitaria La Ranchada. miembro de FARCO).
El mantenimiento de leyes de la dictadura, produce a la vez una inseguridad jurídica, ya que dichas normativas, fueron creadas como herramientas de dominación y no de construcción de una sociedad participativa, razón por la cual, es necesaria la derogación de dicha ley, e implementar una normativa que recepte el pensamiento social, ya que la continuidad en el tiempo de la ley 22.285, no es otra cosa que la perpetuidad, de la limitación de derechos esenciales de la población, que hoy, de hecho, comienza a pedir algo distinto.
Pero no sólo de gobiernos de facto estamos hablando, sino también la de aquellos, que en el marco de las políticas neoliberales, produjeron "retoques" a la mencionada ley, para dar lugar a la proliferación de los llamados multimedios.
Dé esta manera se requiere una ley, que no valore intereses económicos para hacer uso del legítimo derecho de expresarse libremente ya que..."toda persona tiene derecho a expresar sus ideas por la prensa, sin censura previa..." caso contrario, sería mantener un marco normativo, que encierra una idea, de restricciones, para determinados sectores de la comunidad, al no poder expresar sus ideas en forma masiva a través de los medios, y éstos no pueden ser utilizados como herramientas de una clase dominante. La comunicación sí y sólo sí, debe ser entendida, como patrimonio común, por lo tanto el objetivo debe ser el de desmonopolizar las frecuencias radiales, haciendo que los medios comunitarios y populares, tengan mayor protagonismo.
El derecho no debe constituirse en un instrumento de dominación, sino, que debe ser la recepción, de lo que verdaderamente una sociedad requiere.



*Abogado e integrante del ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana)