lunes, 5 de enero de 2009

REPRESORES SE NEGARON A DECLARAR

Cinco ex represores imputados por delitos de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se negaron a contestar preguntas durante la indagatoria a que fueron sometidos por el juez federal Sergio Torres.

Se trata de Jorge "el Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Alberto González y Jorge Carlos Radice quienes, a los efectos de cumplir con esa diligencia, fueron trasladados esta mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, donde cumplen prisión preventiva.

Las fuentes indicaron que los imputados "negaron en forma breve y genérica las imputaciones", se manifestaron "completamente ajenos" a los hechos investigados (García Velazco presentó un escrito) y rehusaron contestar las preguntas que tenían los investigadores.

El magistrado, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, quería interrogar a los represores por "las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición" de Omar Masera Pincolini, Victorio Cerutti y Horacio Palma; quienes fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

En este legajo -un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final- se investigan los hechos vinculados con aquellos que perjudicaron a Conrado Higinio Gómez quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977.

De acuerdo a constancias del expediente uno de los objetivos del "grupo de tareas" de la ESMA que participó del secuestro era "apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo" que integraban las víctimas quienes fueron obligadas a firmar "documentación espuria" para desapoderarlos de esos bienes.

Los bienes pasaron así a manos de "oficiales de la ESMA" que actuaban con nombres supuestos, tal como Juan Héctor Ríos (en realidad Rádice) ó Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, quienes estaban "nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Willri".

Los informantes recordaron que Cerutti y Masera Pincolini fueron secuestrados en la ciudad de Mendoza, donde vivían y estaban ubicadas tierras de Cerro Largo, en la localidad de Chacras de Coria; mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio particular de Hurlingham.

Las propiedades que conformaban el patrimonio de Cerro Largo fueron luego incorporadas, dijeron las fuentes, a otra sociedad "constituida a los efectos de ingresar los bienes despojados" por la "organización criminal conformada por miembros de la Armada y personas íntimamente vinculadas a estos".

En el marco del legajo por la apropiación de bienes de los ilegales prisioneros alojados en la ESMA el juez Torres, el 15 de diciembre último mediante una resolución de treinta carillas, elevó a juicio oral y público a estos represores junto a Eduardo Enrique Massera, hijo del ex dictador Emilio Eduardo Massera.

De las constancias del expediente se desprende que Gómez fue objeto de torturas y "métodos extorsivos" para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre ellas el costoso predio de "Chacras de Coria", en una exclusiva zona residencial mendocina, valuado en 15 millones de pesos; y hasta sus caballos pura sangre de carrera.

En el mes de septiembre último la Cámara Federal ya había rechazado un pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio que había planteado el Defensor Oficial Jorge Mendilaharzu, asistente técnico de "el Tigre" Acosta, Radice y Massera (h).

En esa oportunidad, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah -en una resolución de siete carillas- afirmaron que "es indudable que los imputados fueron informados de manera clara y precisa sobre los hechos que se investigaban y por los que ahora se requiere la elevación de la causa a juicio y que tuvieron oportunidad de defenderse".

Massera (h) ya sufrió hace algunos días otro revés judicial cuando los mismos camaristas ratificaron que los hechos por los cuales está procesado el hijo del ex dictador y ex Jefe de la Armada durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", revisten el carácter de delitos de "lesa humanidad" y, por ende, son imprescriptibles.

Fuente: www.pagina12.com

PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL REPRESOR CAVALLO

La Cámara Federal porteña resolvió confirmar el procesamiento, con prisión preventiva, del represor Ricardo Cavallo, en la megacausa de la ESMA y en los casos de los secuestros del prediodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que, de quedar libre antes del juicio, existe "riesgo concreto" de fuga y de intimidación a testigos, y recordaron que Cavallo fue apresado en México, donde vivía con documentos falsos, según las cuatro resoluciones conocidas hoy.
Los jueces optaron por no seguir la línea de un fallo de su tribunal superior, la Sala II de la Cámara de Casación penal, que en la misma causa ordenó la excarcelación, entre otros, de Jorge "Tigre" Acosta, por el tiempo de detención transcurrido sin condena firme.

Irurzun y Farah recordaron inclusive lo ocurrido al desaparecido testigo Julio López en La Plata, como precedente a la hora de rechazar la excarcelación. Cuando sea enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, Cavallo deberá responder por delitos como tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte, integrante de asociación ilícita, extorsión y robo.

Además quedaron firmes los embargos en su contra. En el caso de las monjas francesas "existen suficientes testimonios que prueban la permanencia de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde el imputado Cavallo integraba el sector de Inteligencia y/o estaba a cargo del sector denominado pecera; así como de los tormentos que padecieron".

Las monjas Domon y Duquet fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, en un operativo contra familiares de desaparecidos que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.

Fuente: www.pagina12.com