LOS CAMARADAS FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN PRO

Por Augusto Taglioni

El gobierno de Mauricio Macri tiene un estilo neoliberal, acorde a la vieja política “noventista” que benefició a tantos y perjudicó a otros tantos. Para darse cuenta, solo hay que analizar los recortes de presupuesto en salud y educación, la inescrupulosa defensa al sector privado, evitando todo tipo de ingerencia desde el estado y las iniciativas “fazistoides” para resolver problemas de inseguridad: Policías, represión y ocultamiento mediante muros o cercamiento de los sectores que viven en la marginalidad. No nos olvidemos de los desalojos que día a día sufren aquellas familias que tratan de vivir lo mas dignamente en las casas tomadas. Allí donde Mauricio quiere hacer un shopping.

Pero no es solo la política neoliberal y fascista que la caracteriza al macrismo, sino que como si fuera poco, incorpora a ex funcionarios de la última dictadura cívico militar, militares y civiles que participaron activamente en el genocidio sistemático de una generación.

Obviamente, Mauricio Macri designó a un “facho” profesional para dicha selección, que deber ser minuciosa y correcta. Se trata de Federico Young, ex Juez de la dictadura, y actual titular de la Agencia de Control Gubernamental, presidente del partido demócrata porteño, aliado del PRO. En las últimas horas este personaje, designó un nuevo funcionario de la dictadura. El afortunado es Diego Ibarbia, quien estuvo al frente de la localidad bonaerense de Pehuajó, entre junio de 1976 y 1978. Ahora es secretario del Partido Demócrata porteño, que preside el ya mencionado titular de la Agencia de Control Gubernamental porteña.

Diego María Ibarbia, hombre del campo, al igual que Young, Ibarbia es miembro de la Fundación Juan de Garay, que preside Jorge Zorreguieta, el ex secretario de Agricultura de Jorge Rafael Videla, el padre de Máxima, la esposa del príncipe Guillermo de Holanda. Por su participación en la dictadura desde 1976 a 1981, Zorreguieta no pudo asistir a la boda de su hija, aunque dijo que su corazón sensible condenaba los “excesos” en la “lucha contra la subversión”. Ligado al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y a la Sociedad Rural Argentina, Zorreguieta comparte dos características con Ibarbia: es un civil que fue funcionario de la dictadura y un hombre del campo.

Ibarbia apunta en su currículum que es “vocal en el directorio de Sara Braun S. A., empresa agropecuaria” y “socio de diversas sociedades agropecuarias”. Además, se precia de ser “socio y vocal de la Comisión Directiva del Jockey Club, vocal de la Comisión de Vigilancia del Mercado de Hacienda de Liniers” y, por si quedaban dudas, también “miembro de la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín”.

La vocación ruralista la comparte además con Young, que posee 1250 hectáreas, es vocal de la Asociación Rural de Chivilcoy, delegado de Carbap y presidente de la Estancia El Paye.

Es clarísimo la linea con la que Mauricio Macri hace de su gobierno, un gobierno fascista, neoliberal y absolutamente militarizado.
Algunos datos más para estar al tanto de este nuevo funcionario macrista:
Asumió en junio de 1976, dos meses después del golpe de Estado, como interventor designado por la dictadura y continuó en el cargo hasta 1978. En su pago lo recuerdan como un hombre de confianza de los militares. En diciembre de 1976, luego de una extensa operación de inteligencia sobre el periódico y las fábricas locales, hubo un procedimiento del Ejército en Pehuajó que incluyó diversos allanamientos.

Ese mismo año fueron secuestrados y desaparecidos dos jóvenes de Pehuajó, Roberto Ricardo “El Mono” Suárez, de 24 años, y Silvana Benincasa, de 26. Su historia fue recuperada en un trabajo multimedia hecho por estudiantes de una localidad cercana a Pehuajó –Mones Casón– en 2008, que forma parte del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión provincial de la Memoria.

UNO MAS Y VAN…

Con Ibarbia, Young suma un ex funcionario de la dictadura en su partido a la lista de militares y gendarmes que tiene contratados. El funcionario sumó a su equipo a dos coroneles retirados y miembros de su partido, uno de ellos ex agente de la SIDE en el menemismo y fundador de la agencia de seguridad Acecho S. A. También incorporó a 14 ex militares y gendarmes, que fueron contratados como inspectores y administrativos. Entre ellos, al menos seis ocuparon cargos de jerarquía en el Ejército en la dictadura.

Son el general de Brigada Enrique Santiago Servatico, que fue jefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI de Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un centro de detención clandestino; el teniente coronel Lucio Strazza es ex delegado de la SIDE en el menemismo y en la dictadura formó parte del Batallón de Arsenales 181; el oficial de inteligencia Luis Rogelio Sánchez fue parte del Batallón 601 del Ejército; el coronel Rubén Arturo Ortega fue el jefe de Operación del Regimiento de Infantería de Monte 22 de San Juan; el capitán Juan Jorge Ferreyra, que entre enero de 1976 hasta septiembre de 1979 revistó en el grupo de Artillería 7 (GA 7); y el teniente coronel Enrique Jordana Testoni, que fue director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu en Rosario. Jordana Testoni fue detenido como partícipe del centro de detención que funcionó allí, pero el juez lo liberó y le decretó falta de mérito por considerar que ningún detenido lo vio. Los organismos de derechos humanos recordaron que la mayoría estaban encapuchados.

Todos fueron confirmados en el cargo por Young. “Los mantengo por el servicio que le hicieron a la patria”, dijo el ex juez de facto.
¿Que clase de democracia permite que funcionarios de la dictadura se hagan de cargos públicos? ¿Esta es la democracia que queremos? No alcanza solo con Macri, tambien hay que padecer a activistas del terrorismo de estado, votando en un parlamento y decidiendo por nosotros, bendita sea la democracia “representativa”.

VIDELA SUMA OTRA PRISIÓN PREVENTIVA

La Cámara Federal confirmó un nuevo procesamiento, con prisión preventiva, para el dictador Jorge Rafael Videla, esta vez por 30 homicidios agravados, entre otros gravísimos delitos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar.

La sentencia atribuye al represor la responsabilidad en 571 secuestros y 268 tormentos cometidos en centros clandestinos de detención que funcionaban en esa jurisdicción. El fallo -difundido por el Centro de Información Judicial(CIJ)- fue suscripto por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero quienes reiteraron que esos ilícitos constituyen delitos de "lesa humanidad".

En la misma resolución los jueces rechazaron los planteos de la defensa del ex jefe de la primera junta militar del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". El expediente en el que se investigan los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo lo tramita el juez federal Daniel Rafecas y es una de las "megacausas" reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

En un texto de 51 carillas, los camaristas desbarataron los argumentos de la defensa del ex dictador que insistían en sus reiterados planteos de prescripción y nulidad de la ley que anuló las leyes de impunidad y que ya fueron rechazados en todas las instancias.
Videla "estaba en la cima de la cadena de mandos desde que se ideó el plan de represión ilegal" desde donde "se dieron las órdenes para su ejecución y se dispusieron todos los medios del estado para lograrlo", dijeron los camaristas.

En otro párrafo de la extensa resolución, los magistrados explicaron que esas órdenes e instrucciones tenían como objeto "asegurar su máxima impunidad a través de la clandestinidad". Esa es una de las características que llevan a Farah y Ballestero a concluir que, en caso de concederse la libertad a Videla "podría entorpecer el curso de la investigación".

Los camaristas basan su presunción en que el ex presidente de facto "conoce a todos los máximos responsables y a los aspectos de la última fase de las maniobras delictivas(...). Ello no solo podría ocurrir con el objeto que se conozca el destino final de las víctimas de los sucesos que se le imputan sino también para que su reproche penal no resulte eventualmente agravado", enfatizaron los integrantes de la Sala I del Tribunal.

El octogenario dictador cumple su prisión preventiva en el Instituto Carcelario de Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, luego que la Justicia le revocase el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida fue tomada en primera instancia por el juez Norberto Oyarbide en la causa por el "plan sistemático" para la apropiación de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio durante la última dictadura.

La decisión de Oyarbide -luego confirmada por la Cámara de Apelaciones- también se extendió a la causa en la que se investiga el secuestro de los empresarios Gutheim y donde el magistrado decretó la nulidad de los indultos del ex presidente Carlos Menem.

ISREAL REDOBLA SU OFENSIVA EN FRANJA DE GAZA

Los bombardeos aéreos y ataques se intensificaron en la Franja de Gaza, donde ayer hubo más de 50 palestinos muertos. Los cohetes de Hamas destruyeron dos casas en Israel. Tel Aviv anunció que la guerra entra en su etapa terminal.

La advertencia llegó desde el cielo y llevaba la firma de las fuerzas armadas israelíes: “Residentes de la franja: próximamente el Ejército de Israel atacará con mayor intensidad los túneles, los arsenales y las actividades terroristas. Para su seguridad y la de sus familias, aléjense de los elementos terroristas”.

Unas horas antes de que los bombardeos aéreos y los ataques de la artillería se intensificaran en la Franja de Gaza, los aviones israelíes lanzaron miles de panfletos para anunciar la tercera fase de la llamada Operación Plomo Fundido, que incluirá el despliegue de todos los reservistas y, quizás, una invasión total de la franja. El diario israelí Haaretz informó anoche que el gabinete de seguridad decidió continuar la ofensiva militar contra Gaza al menos 20 días más.

Ayer el miedo se hacía escuchar desde Ciudad de Gaza. “No quiero ni pensarlo porque no hay nada que pueda hacer. Aun si me pudiera ir de la ciudad, no lo haría porque afuera todo es peor”, dijo por teléfono a este diario Nirmeen Kharman, una palestina que vive en el centro de la capital.

“Por ahora no hay soldados ni tanques y aún hay supermercados abiertos”, contó. Antes de cortarse la comunicación, explicó que, a diferencia de la mayoría de los palestinos en la franja, ella y su familia cuentan con ahorros y provisiones como para aguantar un tiempo más. Cuando Israel cerró la franja hace dos años, dijo Kharman, comenzó a guardar todos los meses un poco de comida y remedios, especialmente para su hijo menor, que sufre de asma.

“La casa se sacude todo el tiempo con los bombardeos y a la noche es casi imposible dormirse. No tenemos un refugio como los israelíes, pero dormimos en el pasillo, abajo, porque es la única parte de la casa que no tiene ventanas –tomó un respiro, pensó y agregó–: Por ahora estamos bien.”

La ansiedad por la inminente ofensiva se mezcló con la bronca por la decisión del gobierno israelí de suspender la entrada de ayuda humanitaria, según informó, por respeto al Shabat, el día sagrado del descanso del pueblo judío. “¡Cerraron los pasos porque es shabat!”, gritó indignado Chris Gunner, el vocero de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, cuando se enteró. La medida, sin embargo, no se extendió al ejército, que siguió trabajando como el resto de la semana.

Los bombardeos y los ataques de la artillería se concentraron en el sur contra los túneles clandestinos que unen la franja con Egipto y en el norte, en el campo de refugiados de Jabalia. Según los servicios de sanidad palestinos, el número de muertos palestinos ya asciende a 854 y los heridos superan los 3500. Entre las víctimas se encuentra uno de los jefes militares de Hamas, Emir Mansi, y un comandante de la Yihad Islámica, Shams Omar.

El enojo del vocero de la Unrwa, del que dieron cuenta los medios israelíes, se debía a que apenas unas horas antes habían anunciado que retomarían sus trabajo en la franja.

La decisión se había tomado porque el gobierno israelí les había garantizado que ninguno de sus camiones sería atacado, como sucedió el jueves pasado. Desde el inicio de la ofensiva, hace 15 días, cuatro miembros del equipo de la agencia para refugiados de la ONU murieron.

Aunque el ejército israelí aseguró ayer que ellos no habían sido responsables del ataque del jueves, la ONU se negaba a reanudar sus actividades en el territorio palestino hasta que el gobierno de Olmert les diera garantías de seguridad a todos sus trabajadores. Esa decisión afectó a 1,2 millón de palestinos que dependen de la comida, el agua y los medicamentos de la ONU para sobrevivir.

El ejército israelí intentó bajarles el tono a las críticas por el nuevo cierre de las fronteras y recordó que, aun antes de la ofensiva, los sábados siempre se cerraban los pasos por shabat.

“Además en el lado palestino de las terminales aún hay mercancías que no vienen a recoger”, aseguró el vocero de la oficina de Coordinación de Asuntos Civiles en el Ejército de Israel, Peter Lerne. No explicó que las organizaciones humanitarias encargadas de hacerlo, la ONU y la Cruz Roja, habían suspendido sus actividades por miedo a ser atacadas por fuego israelí.
En el corazón de la Ciudad de Gaza, Nirmeen Kharman también denunció que la tregua de tres horas no está funcionando.

“Se supone que de la una a las cuatro de la tarde tendríamos que poder salir a comprar comida y buscar agua, pero la mayoría no se anima. Muchos amigos dejaron de comer pan porque se mueren de miedo de tener que estar dos horas haciendo cola para comprar apenas un kilo –contó con una calma que asombraba—. Hoy me quedé adentro durante las tres horas y escuché tiroteos y, dos veces, a aviones lanzando bombas. No sé de dónde venían ni qué atacaron, pero la gente sigue siendo lastimada durante la tregua.”

Pero aun a pesar de los bombardeos y los tiroteos, la situación en la capital es mucho mejor que en el norte de la franja. En Jabalia las familias denuncian que ya no tienen dónde esconderse. Ayer ocho miembros de una familia murieron y otros seis resultaron heridos en un bombardeo israelí, según informaron fuentes médicas del hospital Kamel Adun.

“Estábamos en casa cuando empezaron los bombardeos. Huimos hacia otra casa y los tanques empezaron a disparar. Algunos de nosotros fuimos alcanzados”, relató Um Mohamed, una de las sobrevivientes, que fue trasladada al hospital tras resultar herida. Cuando los médicos le preguntaron por qué no se quedaron adentro de su casa, respondió que habían visto demasiadas casas destruidas en los últimos días.

Mientras los heridos crecen en todas las latitudes de la franja, la situación en los hospitales es cada vez peor. Una trabajadora de la Cruz Roja en Gaza que pidió no revelar su nombre aseguró que la organización seguía esperando la autorización del gobierno israelí para escoltar ambulancias de la Media Luna Roja palestina para evacuar y trasladar a los heridos. De los 400 muertos civiles, según cifras de la ONU, se estima que una docena son conductores de ambulancias o paramédicos.

“El CICR recibe decenas de llamadas de gente pidiendo ayuda. Ayer recibimos una de una familia de 40 personas, entre ellas 20 niños, de una casa de la zona de Netzarim. Nos dijeron que no habían bebido agua en seis días porque el pozo que se la suministraba fue destruido”, contó la trabajadora humanitaria. Por ahora no pudieron enviarles ayuda.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/