La abogada querellante en el caso López, Guadalupe Godoy, dialogó con FM De la Azotea 88.7 Radio comunitaria y dijo que el allanamiento “fue una consecuencia de una línea de investigación que tiene que ver con el entorno de Etchecolatz y que a partir de un testimonio realizado en octubre del año pasado permitió comenzar la investigación en base a un policía retirado que vivía en Mar del Plata y que luego se fue a Pehuajó. Y a partir de allí se ordena el allanamiento en diferentes viviendas y se localiza a este auto que, según ese testimonio esta relacionado con la desaparición de López”. A su vez, agregó que “de todas formas no se puede hablar de resultados positivos hasta que no se hagan las pericias pertinentes”.
Para la abogada querellante, lo bueno en cuanto a lo ocurrido, tiene que ver con que se está en la línea que reclaman los organismos de Derechos Humanos, relacionado a la denuncia de que grupos que secuestraron a López, y que lo lo hicieron para entorpecer los juicios a represores por crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, Godoy comentó: “Hemos pedidos medidas no solo por estas personas sino también por ex policías, policías en actividad y algunos miembros de fuerzas militares que nos ayuden a combatir el silencio que abunda en esta causa. Creemos que los pactos de silencios se van a romper”.
Guadalupe Godoy fue muy crítica con la participación y colaboración del Gobernador Daniel Scioli y el ministro de seguridad Carlos Stornelli. La abogada soslayó que “Scioli no debe saber ni quien es López, nos recibió una sola vez y nunca nos dio una respuesta”. En cuanto a Stornelli exclamó que “poco puede hacer y que es todo un logro haber podido apartar a la Policía Federal de la investigación”.
Por último, la querellante en la causa finalizó criticando a las actuales políticas de DD.HH y manifestó que “no solo hay que cambiar las leyes sino que el problema radica en que después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, no se ha construido una metodología para la realización de los juicios. No creo que sea falta de planificación, creo que no se quiere sincerar y solo se condenan a referentes máximos de la dictadura. El reclamo popular los desbordó y parece que el gobierno no tiene voluntad de tener mala relación con estos sectores”. “Se plantean las excarcelaciones como problemas jurídicos y no es así, es un problema político, de voluntad y decisiones que hay que tomar”, concluyó.