miércoles, 11 de febrero de 2009

OLIVERA RÓVERE SE NEGÓ A DECLARAR PERO PUDO SER FOTOGRAFIADO


El ex subjefe del primer cuerpo de Ejército, el represor Jorge Olivera Róvere, se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 5 en la segunda jornada del juicio en el que está acusado por 120 secuestros y 4 homicidios. El tribunal, reviendo el criterio que mantuvo ayer, autorizó a un fotógrafo de la agencia Télam a tomar imágenes del imputado.
El Tribunal Oral Federal 5 levantó este miércoles parcialmente las restricciones a la cobertura periodísticas en el juicio al represor Jorge Olivera Róvere y autorizó a un reportero gráfico a tomar fotos durante el mismo.

La decisión fue adoptada en la segunda audiencia el juicio en que el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército durante 1976, acusado de 120 secuestros y 4 homicidios, se negó a declarar ante el tribunal.

Previamente, el abogado de Olivera Róvere, el ex juez durante la dictadura Norberto Giletta planteó la "nulidad" del juicio aduciendo la prescripción de los delitos imputados al ex militar y el doble juzgamiento.

Olivera Róvere, según admitió este miércoles ante el tribunal, ya estuvo procesado en 1984 por delitos de lesa humanidad pero no llegó a ser juzgado por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La autorización a un reportero gráfico de la agencia Télam a tomar imágenes periodísticas del juicio se produjo un día después del escándalo de la primera audiencia cuando el fotógrafo Leonardo Zavattaro fue desalojado de la sala antes del ingreso del acusado.

La actitud de los jueces Daniel Obligado, Guillermo Godoy y Guillermo Frías chocó contra la recomendación de la Corte Suprema de Justicia, que en su Acordada 29, de octubre del 2008, estableció criterios para dar transparencia y publicidad a los juicios orales permitiendo televisarlos y tomar fotografías.

Este martes, también el canal 7 de televisión retiró su equipo del juicio donde debía tomar imágenes para trasmitir y cederla a otros medios, luego de que el tribunal le restringiera la autorización a los tres minutos iniciales.

El episodio fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia a través de diversas presentaciones, entre ellas la de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que acusó al TOF 5 de montar una parodia.

A su vez, la diputada nacional Diana Conti, del Frente para la Victoria, presentó este miércoles un proyecto de declaración donde expresa: "Estas actitudes comprometen la libertad de expresión y el derecho a la información, restringiendo el acceso de la ciudadanía a material audiovisual de alto valor histórico".

La flexibilización del criterio referente a la fotografía fue comunicada este miércoles personalmente por el presidente del tribunal, Daniel Obligado, al reportero gráfico de la agencia Télam, Gustavo Amarelle, que gestionó normalmente la acreditación de trabajo.

En una breve reunión, el conjuez Obligado estableció que las fotos fueran tomadas a través del vidrio que separa al público de las partes, incluido el acusado, y sin flash.
Fuente: Telam

ANALISIS DE UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA Y REPETIDA

Por Juan Carrá

Las inundaciones en la ciudad de Tartagal tienen su antecedente más cercano a principios del 2006 cuando en esa oportunidad, la crecida del río homónimo causó inundaciones y una grave situación sanitaria, además de las numerosas pérdidas materiales. En aquella oportunidad no hubo que lamentar víctimas. Hoy, ya son dos los muertos y ocho los desparecidos en el norte Salteño por una historia que parece repetirse.

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, la palabra catástrofe tiene en su primera acepción el siguiente significado: “Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas”.
A simple vista, se puede pensar, entonces, que el desborde del río Tartagal que provocó importantes inundaciones en la principal ciudad del departamento de General San Martín –al norte de la provincia de Salta limitando con Bolivia- se trata de una catástrofe natural causada por el gran caudal de lluvias en el país hermano.
Sin embargo, las causas de estas inundaciones son las mismas que las de hace cuatro años atrás: el impacto negativo medioambiental provocado por las empresas petroleras, madereras y pools de siembra, en su mayoría, dedicados a la soja.

Hace cuatro años

La Ruta Nacional N 34 nace en la provincia de Santa Fe y se extiende hasta el límite con Bolivia atravesando gran parte de las provincias del noroeste argentino. Esta carretera es una de las vías más importantes de circulación de mercancías –principalmente combustibles provenientes de la cuenca petrolera del norte. Además, es la única vía de aprovisionamiento de alimentos y material sanitario desde Salta capital hacia el norte del país.

También, esta ruta es una especie de demarcación artificial de los dos ecosistemas que conviven en la región. De un lado de la ruta nace el Chaco Boreal salteño mientras que del otro surge la yunga salteño-boliviana.

El 31 de diciembre de 2005 se interrumpió la posibilidad de circular en cualquier tipo de vehículo por esta ruta a causa del derrumbe de un puente de hormigón ubicado sobre el
el Río Seco, -a la altura del paraje Senda Hachada y a 15 kilómetros de la ciudad de Embarcación-.

Aquel año nuevo en el departamento salteño de Gral. San Martín transcurrió sin luz ni agua, situación que se extendió casi todo el verano, quedando prácticamente aislados y desabastecidos. Caminar a diario más de cinco kilómetros por el barro se convirtió en una regularidad para unas 3.600 personas y sus cargas.

Las causas

En aquella oportunidad, al igual que en esta, la voz de los habitantes de la zona afectada por la crecida desmedida de los ríos explicaban que el derrumbe del puente y las inundaciones no eran consecuencia de lluvias desmedidas y apuntaban a las empresas multinacionales que trabajan en la región como las culpables de sus desgracias. Según las estadísticas meteorológicas de la época, las precipitaciones fueron las esperables en verano para un clima subtropical como el que impera en la zona. Sin embargo, dos cosas se conjugaron en aquella oportunidad para que esas lluvias naturales provocaran tamaño problema: por un lado la falta de regulación sobre las dañinas prácticas de las empresas instaladas en la región y por otro, la ausencia de inversión estatal para evitar una crisis de infraestructura pronosticada años antes por diferentes actores sociales.

Talarás a tu madre…

En lo que respecta al primer punto señalado, es el desmonte de la yunga el ejemplo más concreto que afecta a la situación catastrófica que entonces y hoy se vive en Tartagal y la zona. La tala indiscriminada de las protecciones naturales contra las fuertes lluvias de la zona provoca que las aguas que bajan de los cerros en el verano no encuentran contención y caen directo al suelo escurriéndose a los ríos modificando y multiplicando sus cauces hasta hacerlos desbordar. A esto se suma una multiplicada erosión del suelo arcilloso que, junto al agua forman verdaderos ríos de lodo que descienden de la zona serrana hacia las ciudades.

¿Las consecuencias? Aquí surge el segundo punto, grandes inundaciones en ciudades con pocas calles pavimentadas y sin desagües pluviales, e incluso el derrumbe de un puente de hormigón, como ocurrió el aquel 31 de diciembre o como sucedió en estos días.

“Por supuesto, la caída del puente del Río Seco iba a pasar” afirmaba la Dra. Mara Puntano, reconocida abogada defensora de los derechos humanos y agregaba que “Hace años venimos denunciando la falta de control del Estado a las petroleras en la tala de árboles, que erosiona el suelo y cambia el cauce de los ríos”.

Mientras, la mercadería de cientos de camiones se pudría en la ruta, sólo hubo soluciones precarias, como un badén para que transitaran algunos vehículos. Ese recuso se desvanecía ante la mínima llovizna. La instalación de un puente de estructura bailey que supliera al de hormigón se postergó durante semanas, aun cuando este tipo de puentes metálicos son precisamente los que cualquier Ejército utiliza ante emergencias bélicas: no prosperaba el acuerdo entre el Estado y las empresas que lo colocarían.

Según un informe de Greenpeace realizado en el 2006 mediante fotos satelitales de la zona del río Tartagal que hoy está en crisis, “con a tala en sus cabeceras (las del río), y los desmontes en la parte baja, se produjo un grave desequilibrio del nivel de base del río. El río con desmontes tan próximos, sin adecuados corredores riparios, sin vegetación que detenga el agua y favorezca el depósito de sedimentos, tomó condiciones de anegamiento, en un desmonte de 600 hectáreas, antes de su natural desembocadura en los Bañados de Tacuruzal”.

Talar ¿Para qué?

Tecpetrol (de Techint), Refinor (de Pertrobras), Repsol-YPf, Plus Petrol, Halliburton, Panamerican Energy, entre otras, integran el parque industrial internacional instalado en el departamento de San Martín. Ignorando los daños ambientales y humanos, desde su comienzo en los ’90 estas empresas se deshicieron del grueso del personal de la industria petrolera, y además empezaron a descuidar el medio ambiente: eliminan desechos a cielo abierto o los vuelcan en los ríos (comprometiendo su composición natural); deforestan sin realizar la reforestación necesaria para no alterar el ecosistema; pelan montes para hacer caminos que posibilitan el ingreso de sus maquinarias perforadoras y emplean, para el abaratamiento de costros, técnicas de excavación con fluidos letales – para la población y el medio ambiente.
Otro elemento a tener en cuenta a la hora de analizar las causas de la tala de la yunga es la expansión de la frontera productiva en términos agrícolas provocada desde fines de los ´90.

El boom sojero –anclado en un exorbitante precio internacional de la oleaginosa- provocó que los grandes grupos de siembra buscaran tierras consideradas, hasta el momento, como improductivas para sembrar el llamado oro verde.

Así, a fuerza de agroquímicos para que la planta soporte las adversas condiciones climáticas- Salta y en particular la zona en cuestión, cambió su paisaje natural. La soja es en la actualidad el cultivo con mayor superficie y volumen de producción en Salta.

Se estima una producción de un volumen de 360.000 toneladas, provenientes de una superficie cultivada en torno a las 180.000 hectáreas.

SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO A OLIVERA RÓVERE

El ex general Jorge Olivera Róvere tendrá hoy oportunidad de rechazar los cargos que se le imputan o negarse a declarar en la segunda jornada del juicio por crímenes de lesa humanidad. Ayer, el Tribunal Oral Federal 5 impidió que se le tomaran fotografías o se filmara al represor.

Róvere está acusado de ser autor mediato de cuatro homicidios, más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, y un caso de tormentos mientras se desempeñaba como Subjefe del Primer Cuerpo de Ejército y era responsable de los centros clandestinos de detención que operaban en la Capital Federal bajo la dictadura militar.

El juicio se inició ayer en los Tribunales de Comodoro Py, en una jornada en la que se produjeron incidentes por la negativa del TOF 5 de admitir la cobertura televisiva y fotográfica de la audiencia por parte de los medios periodísticos, tal como la Corte Suprema de Justicia había indicado.

Durante la audiencia de hoy, prevista inicialmente para las 11, se presentarán las cuestiones preliminares donde las partes pueden plantear nulidades al proceso judicial y luego se procederá a la indagatoria del imputado, en la que podrá optar por rechazar los cargos que se le imputan o negarse a declarar.

El juicio a Olivera Róvere, de 82 años, es un segmento de la denominada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército iniciada en 1986 y clausurada un año después por las leyes del perdón anuladas en el 2005.