Es por la sustracción de niños en el CCD de Campo de Mayo. Tambien piden el arresto de Norberto Bianco.
El juez Alberto Martín Suarez Araujo, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, procesó el 21 de abril pasado a los altos mandos militares Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guañabens Perelló y Osvaldo S. García, así como también a los médicos militares Jorge Habid Haddad, Ramón Oscar Capecce y Raúl Eugenio Martín, por la desaparición de numerosas mujeres embarazadas y de sus parejas en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, así como también por la sustracción de sus hijos, que continúan siendo buscados por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los casos que fueron considerados en este procesamiento fueron los de Valeria Beláustegui Herrera (embarazada de dos meses a la fecha de su secuestro) y su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Susana Masri (embarazada de dos meses) y Carlos María Roggerone; Marta Graciela Álvarez y Hugo Francisco Mena; Ana María Lanzillotto (embarazada de 8 meses) y Domingo Menna; María Eva Duarte (embarazada de dos meses) y Alberto Samuel Aranda; Isabel Acuña (embarazada de 5 meses) y Oscar R. Gutiérrez Sesarego; Miriam Ovando (embarazada de 6 meses) y Raúl René De Sanctis; Silvia Mónica Quintela Dallasta (embarazada de 4 meses); Norma Tato de Barrera y Jorge Carlos Casariego; Susana Stritzler (embarazada de 8 meses).
Asimismo, también se los procesó por la privación ilegal de la libertad de Francisco E. Tiseira, Norma A. Benavides, Julio Visuara, Marcela Bruzzone Moretti y Nélida Beatriz Ardito, y por diversos hechos realizados en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Todos los procesados quedaron detenidos bajo el régimen de prisión domiciliaria, excepto Raúl Martín, quien quedó detenido en la Prisión Militar de Campo de Mayo.
Por otra parte, Norberto Atilio Bianco, quien fue señalado como el responsable operativo de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, no concurrió a la declaración indagatoria, por lo que el juez dictó una orden de arresto con fines de extradición. Corresponde ahora que INTERPOL lo detenga en Paraguay, donde reside Bianco, y se lo extradite a Argentina para ser juzgado.
Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Abuelas de Plaza de Mayo
martes, 29 de abril de 2008
ELEVAN A JUICIO ORAL AL POLICÍA QUE MATÓ A UN JOVEN EN 2005
El lunes próximo comienza en Mar del Plata el juicio oral a un policía acusado de homicidio agravado por asesinar de un disparo por la espalda a Hernán Leiva de 17 años. El hecho ocurrió en el 2005 en cercanía de la Villa Vértiz La defensa alega que el teniente Jiménez actuó en defensa propia luego que la víctima lo agrediera tras un robo.
El abogado de la familia Leiva; Cristian Peláez, dialogó con FM De la Azotea, e informó que la acusación de la querella va a intentar “probar que ese día hace tres años hubo un homicidio, que como fue producido por un oficial de policía es agravado”.
Con la reforma del código penal en el 2003 se introdujo un inciso al artículo Nº 80 que establece que cuando un homicidio es cometido por un oficial de policía la pena tiene un agravante. “Se supone la sociedad le da la legitimidad de la violencia a personas que están capacitadas para tal fin, y no se espera que sean estas personas quienes cometan homicidios”, argumentó el letrado.
Ante el argumento que ejercen los abogados de Jiménez de que existió la legítima defensa por parte del acusado, Peláez esgrimió que “esto se contradice con toda la prueba objetiva de la causa: está comprobado que hubo una persecución, que el policía disparó al menos seis veces y que el tiro mortal le entró a Hernán Leiva por la espalda”, y sentenció que “se hace difícil otorgarle credibilidad al alegato de la defensa”.
La querella no sólo busca probar el homicidio agravado, sino que intenta, además, contextualizar la violencia policial que sucede en la provincia de Buenos Aires. “La justicia no se legitima si juzga un caso aislado. Se debería debatir en el marco del juicio cierta violencia estructural que tiene la institución policial que se da a la hora de dar respuestas a ciertas problemáticas sociales”, aseguró Cristian Peláez, y finalizó que “ha habido ciertas irregularidades lindantes con lo delictivo, como modificar bochornosamente el lugar de los hechos y se han ocultado pruebas”.
El abogado de la familia Leiva; Cristian Peláez, dialogó con FM De la Azotea, e informó que la acusación de la querella va a intentar “probar que ese día hace tres años hubo un homicidio, que como fue producido por un oficial de policía es agravado”.
Con la reforma del código penal en el 2003 se introdujo un inciso al artículo Nº 80 que establece que cuando un homicidio es cometido por un oficial de policía la pena tiene un agravante. “Se supone la sociedad le da la legitimidad de la violencia a personas que están capacitadas para tal fin, y no se espera que sean estas personas quienes cometan homicidios”, argumentó el letrado.
Ante el argumento que ejercen los abogados de Jiménez de que existió la legítima defensa por parte del acusado, Peláez esgrimió que “esto se contradice con toda la prueba objetiva de la causa: está comprobado que hubo una persecución, que el policía disparó al menos seis veces y que el tiro mortal le entró a Hernán Leiva por la espalda”, y sentenció que “se hace difícil otorgarle credibilidad al alegato de la defensa”.
La querella no sólo busca probar el homicidio agravado, sino que intenta, además, contextualizar la violencia policial que sucede en la provincia de Buenos Aires. “La justicia no se legitima si juzga un caso aislado. Se debería debatir en el marco del juicio cierta violencia estructural que tiene la institución policial que se da a la hora de dar respuestas a ciertas problemáticas sociales”, aseguró Cristian Peláez, y finalizó que “ha habido ciertas irregularidades lindantes con lo delictivo, como modificar bochornosamente el lugar de los hechos y se han ocultado pruebas”.
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