sábado, 12 de abril de 2008

APARTAN A PETTIGIANI DEL JUICIO POR LA VERDAD

El Fiscal Federal General Juan Manuel Pettigiani fue apartado del Juicio por la Verdad, después de haber presentado una resolución donde expresaba que los delitos cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria, CNU, no eran de lesa humanidad. Sus miembros, que deberán afrontar una causa penal, fueron autores de robos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, intimidación pública e incendio, bajo el amparo de miembros de la Justicia y la Universidad. Los hechos, calificados por los jueces del Tribunal Oral Federal Nº1 como atroces, serán investigados, a pesar del intento del fiscal de determinarlos delitos comunes, y por lo tanto, darlos por prescriptos.
La resolución dictada ayer por los magistrados Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, fue en respuesta a la recusación presentada por los organismos de Derechos Humanos que solicitaron apartar a Pettigiani del Juicio por la Verdad.
El cuestionamiento giró en torno a la falta de objetividad del representante del Ministerio Público Fiscal, y la abogada de la Comisión Verdad, Justicia y Memoria, doctora Gloria León, había agregado la “enemistad procesal” sobreviviente a la presentación de su dictamen.
El Juicio por la Verdad, subraya el dictamen del Tribunal, tiene carácter histórico reconstructivo, y llevarlo adelante “requiere de un compromiso y una sensibilidad especiales”, dado que “miles de argentinos aún reclaman la averiguación de lo sucedido con sus seres queridos durantes la década del 70”.
Durante años, se pudieron recolectar –por medio de las audiencias- los elementos de juicio que permiten abrir una investigación contra los autores de los delitos que el Tribunal calificó como de “lesa humanidad”. Sin embargo, días antes de que se determine la investigación, Pettigiani manifestó que los homicidios, sustracción violenta de personas, intimidación pública, robos, falsificaciones de documentos, tenencia de armas de guerra y materiales explosivos, estaban prescriptos.
El fiscal dijo que se trataba de delitos comunes. Para su dictamen no tuvo en cuenta los informes la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y Prefectura Naval donde se revelaba que hubo complicidad de la Justicia y la Universidad en el accionar de la CNU. Sólo se limitó a utilizar como prueba recortes periodísticos, libros de historia que recrean la época y algunos testimonios.
En la resolución del TOF se tomaron citas textuales de organismos regionales de la protección de los derechos humanos, que dejaron de manifiesto: “Tratándose de delitos de acción pública… perseguibles de oficio, el Estado tiene la obligación legal indelegable e irrenunciable de investigarlos, promoviendo e impulsando las distintas etapas procesales” a fin de “identificar a los responsables” e “imponerles las sanciones pertinentes”.
En otro pasaje del dictamen, el Tribunal hizo referencia a expresiones agraviantes utilizadas por el fiscal, quien adjudicó a los organismos de derechos humanos “un rol de pretendidos dueños de verdades inapelables para el que nadie les confirió legitimidad”.
Pettigiani dio a conocer su dictamen a través de la prensa, antes de comunicarlo a las partes. Así lo acusaron durante el tratamiento de la recusación el último lunes –en la ocasión el fiscal no lo negó-, y así fue ratificado por los jueces. El Tribunal cuestionó este accionar al remarcar que se trata de “un proceso en que los representantes de las víctimas deben trabajar de consumo con el actor penal público a fin de recabar los medios probatorios que permitan iniciar la acción penal respecto de hechos atroces”.
A lo largo de cuatro carillas, de manera breve y concisa, el Tribunal reveló que Pettigiani carece de la objetividad requerida en la actuación fiscal en el marco del Juicio por la Verdad. De esta manera, se dio razón a los cuestionamientos de los querellantes.
Por último, los jueces Falcone, Portela y Parra resolvieron dar lugar a la recusación presentada contra Pettigiani, apartarlo del Juicio por la Verdad, y solicitar a la Cámara de Apelaciones la designación de un nuevo fiscal.

Fuente: Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata