El juez federal Sergio Torres rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino, declaró "clausurada la instrucción", y elevó los expedientes. Es por los casos del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio oral y público la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por los secuestros y torturas del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
En sendas resoluciones de 43 y 110 carillas, respectivamente, a las que Télam tuvo acceso, el magistrado rechazó las oposiciones de la defensa del ex marino y declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).
El TOF5 tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El represor, oportunamente extraditado del Reino de España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA; el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de ’alto policía’" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.
La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.
Con la intervención del secretario Pablo Yadrola, el juez tuvo por acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.
El magistrado probó que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Wals "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.
Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, Torres calificó las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".
En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, el juez explicó que esa investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.
Fuente: Télam
miércoles, 29 de abril de 2009
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