UN MURO DE IMPUNIDAD

Mientras se juzgaba en los tribunales federales de La Plata al ex comisario de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se volvió a hacer presente un horror que parecía venir de otros tiempos. Un ex detenido-desaparecido volvía a desaparecer. Eso sí, Jorge Julio López desaparecía por segunda vez en una etapa constitucional y que coincidía con el mandato de Néstor Kirchner, quien se proclamó como el "Presidente de los Derechos Humanos".
Hace casi 16 meses que López fue secuestrado y las autoridades no dieron ninguna explicación, salvo mostrarse compungidas. Las únicas pistas firmes provienen de los dichos de un periodista de la agencia de noticias alemana DPA. La información suministrada por el corresponsal indicaría que el Gobierno Nacional tendría información sobre el destino de López desde fines de 2006.
"El periodista declaró que hay una organización no gubernamental que sospechaba que cierta gente que conocían podía estar vinculada con el secuestro. Con esa sospecha fueron a ver a un funcionario del Poder Ejecutivo nacional, quien a los pocos días les contestó que la información era cierta", relató hace meses Adriana Calvo a ANRed. Los datos que la funcionaria del Ministerio de Justicia- que sería la interlocutora- habría corroborado serían, tal como detalla la integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD): "Que esa gente estaba vinculada, que lo habían matado a López, que habían quemado su cadáver. Y que se cuidaran".
De la declaración del reportero de DPA se desprende que el Gobierno de Kirchner como el de Cristina Fernández conocen qué ha pasado con López y quiénes intervinieron en su secuestro desde los primeros días de noviembre de 2006. Sin embargo, con el silencio oficial se resguarda la impunidad de quienes desde esas esferas se dice combatir.
"El contenido principal del mensaje es: 'Estamos y podemos', una muestra que los grupos fascistas ligados a los antiguos grupos que actuaban en la dictadura nunca fueron desarticulados y que no están decididos a resignar 30 años de impunidad tan fácilmente. Mucho menos cuando desde las estructuras del Estado se les ha dado continuidad en el aparato represivo, en agencias de seguridad e incluso algunos partidos tradicionales como el Partido Justicialista (PJ) o la Unión Cívica Radical (UCR) que los han llevado en sus listas electorales", sintetizó la abogada Myriam Bregman.
El manto de impunidad y de silencio fue sellado nuevamente con el asesinato del torturador de la ESMA Héctor Antonio Febres. No por casualidad, su muerte se conoció el 10 de diciembre pasado, día de la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, paradójicamente, aniversario del día de los Derechos Humanos.
Como denunciaron desde el primer día los organismos de Derechos Humanos, la Justicia determinó que el represor fue envenenado con cianuro. Sustancia que también lleva a antiguas épocas, tan presentes que aterran. Con cianuro se suicidaban los militantes montoneros que preferían la muerte antes que la delación, que poner en riesgo a sus compañeros. Una vez más, el cianuro como símbolo del pacto de silencio, ese que estaba dispuesto a quebrar en venganza a ser el único enjuiciado por los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Armada. Y, en el caso de Febres, de impunidad: sólo él y sus asesinos saben qué fue del destino de los bebés apropiados que él entregó. Sólo él y sus compañeros saben cómo volvieron a sellar con sangre ese pacto que impide saber qué hicieron con los 5000 detenidos-desaparecidos que pasaron por la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Responsabilidades

"Con la desaparición de Julio López intentaron mojarle la oreja al gobierno de Kirchner, diciendo: 'A ver si sos capaz de'. Evidentemente, la respuesta fue que no. Entonces, tapa, encubre, complica y ensucia todo lo posible la causa judicial para que no se llegue nunca a descubrir quiénes son los responsables", ahondó Adriana Calvo. De hecho, después del secuestro de López las condiciones de seguridad de los testigos en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar siguieron siendo escasas. Además, si bien se denunció la presencia de "vestigios dictatoriales" dentro de las fuerzas de seguridad, no se hizo nada para expulsarlos, salvo en unos pocos casos que se los pasó a retiro y se los mantuvo ciertos privilegios previsionales.
La inacción gubernamental volvió a hacerse presente en el caso Febres. Tal como denunció el sábado 22 de diciembre el diario Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos contaba con la denuncia de un prefecto en la que se detallaban las libertades con las que se beneficiaba el torturador de la ESMA en su supuesto lugar de reclusión, la base de Prefectura del Delta. Una presentación que detallaba las irregularidades que rodeaban su detención y que iban a darse a conocer después de su asesinato. Irregularidades que llegaron hasta un supuesto viaje meses atrás a España, documentado por una multa vial.
"A pesar de que en la Argentina se habla que van a ir presos todos los represores, solamente hay unos 200 imputados en las causas que están detenidos. Y los pocos que no están en su domicilio, están en esas condiciones de absoluto privilegio. Febres bajaba libremente a desayunar hasta las 10.30 de la mañana, como si estuviera en un hotel. Cuando llegó al juicio oral, lo hizo libremente, sin esposas, con dos prefectos más con los que se paseaba por la sala hasta que se decidía sentarse. Llamaba por teléfono a la noche a su familia", había detallado Bregman, abogada de Justicia YA! y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Además, Bregman afirmó: "Es un verdadero escándalo para el Gobierno que en el día de los Derechos Humanos y el día de la asunción de la nueva Presidente, cuando ella intentó evitar cualquier referencia a Julio López en su discurso, aparezca otra persona asesinada- en el caso de Julio, secuestrada- que tiene que ver con la impunidad en la Argentina".
Son demasiados años en los que los genocidas gozaron de impunidad y silencio y ninguno parece dispuesto a resignar tales beneficios a un bajo costo. Frente a la desidia de un gobierno que se reconoce promotor de los Derechos Humanos, fue re- desaparecido un ex detenido-desaparecido y asesinado un torturador con mucha información para dar. Sin embargo, a pesar del horror, la resistencia vuelve a erguirse una vez más, como sostuvo la sobreviviente de la ESMA Andrea Bello. "Ningún mensaje va a hacer que nos determine a abandonar esta lucha. Hace 30 años que estamos en ella y vamos a seguir reclamando por verdad, por justicia por todos nuestros compañeros desaparecidos".

Fuente: AnRed