La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA S.A.) tiene que sacarse la careta de una buena vez. Esta empresa, que mueve más dinero que el presupuesto de la Municipalidad de General Pueyrredon, deberá pagar una multa de 5 millones de pesos por mal servicio y violación a las leyes argentinas.
EDEA no deja de empeñarse por ser una empresa distribuidora cuyos valores son la mediocridad y la impunidad en tanto no cumple con los mantenimientos preventivos necesarios, a pesar de la obsolescencia de algunas instalaciones y cobra una de las tarifas residenciales más caras del país.
Y no solamente los usuarios sufren los estragos de estas características de EDEA, ya que los trabajadores padecemos la dirección empresaria que cree que los derechos civiles se terminan cuando ingresamos a trabajar y nos convertimos en un número de legajo: nos satura con cámaras filmadoras en los lugares de trabajo, nos despide sin causa, reprime y sanciona a trabajadores, delegados gremiales y hasta miembros de Comisión Directiva.
Con la anuencia del sindicalismo empresarial (la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) EDEA S.A. paga salarios en negro y terceriza sectores claves para el servicio eléctrico, entre otras violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo, a la Ley de Marco Regulatorio y al Contrato de Concesión. Y cuando en algún conflicto gremial el gobierno toma parte, EDEA no asiste a las audiencias ni acata sus disposiciones.
Esta empresa, además, adeuda desde 1997 las acciones correspondientes a los trabajadores clase C, de acuerdo al Programa de Participación Accionaria del Personal (PPAP), fruto de la privatización.
EDEA S.A. tiene una careta de empresa eficiente, de calidad, y con un comportamiento responsable y solidario detrás de la cual, el grupo italiano Camuzzi muestra su desprecio por la Ley Argentina, por los usuarios y los trabajadores.
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