La decisión del Ejecutivo municipal de condonar deudas que los empresarios del transporte publico de pasajeros tienen con el erario publico a cambio de que éstos retiren una demanda judicial presentada contra la comuna y así poder firmar los contratos de concesión sigue despertando criticas en diferentes sectores.
Para el concejal socialista, Juan Carlos Cordeu “la decisión significa una perdida económica importante para la administración municipal.”
“Esta deuda viene de la administración Aprile, o sea que han pasado seis años y a los efectos de formalizar las concesiones que las empresas tengan que pagar el valor histórico sin actualización ni intereses me parece que hay una pérdida económica importante para la administración municipal. Estamos hablando de cerca de siete millones de pesos en un contexto en donde a la Municipalidad le hace falta el dinero”, resaltó Cordeu.
“La próxima administración se va a encontrar con este servicio de concesión por doce años y con un sistema que si bien puede tener alguna mejora que se refleje en el precio va a ser prisionero del sistema porque va a ser el boleto la única variante de ajuste en manos de los sectores empresariales”, concluyó el concejal.
“Desde que empezamos con las radios abiertas denunciamos que esto iba a pasar. Esta transa que hay entre políticos y empresarios tiene toda la impresión de ir más allá de todo, más allá de lo que debería ser”, afirmó a la Agencia ANDA , Didí Cazeres, de la Asamblea en Defensa del Transporte Público de Mar del Plata.. “Nuestro reclamo puntualmente es que se cumpla lo que se debería cumplir, que no se está cumpliendo. El pliego de licitación, que se firmó en 2001, resultado de un trabajo de vecinalistas de muchos años, intentaba normalizar la patología que tiene el transporte desde hace décadas, se fue transmutando en el pliego del 2005, que perpetua el poder del los empresarios, más allá del negocio”.
“No puede seguir otorgándosele la prestación del servicio a empresarios procesados. Ellos mismos se declaran mafiosos porque se mueven con códigos mafiosos, porque cuando les das un micrófono hablan de que ellos pagan para que se les deje hacer lo que les parezca”, señaló la asambleísta.
Los datos de la entrega
La comparación de los pliegos de licitación del transporte público del 2001 con los del 2005 son reveladores.
En el proyecto del 2001 se contemplaba una tarifa combinada para el uso de una o más líneas de transporte por un período determinado de tiempo.
En cambio, en la ordenanza del 2005 desaparece la posibilidad de implementar un tipo de boleto que permita a la gente pagar un solo viaje para movilizarse de un punto a otro aunque para hacerlo deba tomar más de un micro, con el consiguiente incremento en el ingreso de los empresarios.
Según el proyecto de 2001, el plazo de vigencia de la concesión era de DIEZ años. Por el contrario, en la ordenanza del 2005 se elevó este término a DOCE años.
En cuanto a las condiciones para las impugnaciones, en el artículo 23.2 se detallan las impugnaciones a las propuestas y entre el 2001 y el 2005 desaparece la siguiente:
“Con cada escrito de impugnación, como condición de admisibilidad y como condición para su consideración, deberá acompañarse el comprobante de haber constituido un depósito en dinero en efectivo igual al 100% del valor del pliego, el que será devuelto en caso que el cuestionamiento fuere favorablemente acogido, y el que se perderá si la impugnación resultare desestimada”.
Es decir, impugnar será gratis y representa un nuevo riesgo de ataque preparado contra la licitación.
Los vecinos se organizan
La ASAMBLEA EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, que se reúne todos los lunes en el Centro Cultural América Libre a las 19 horas, confirmaron un nuevo encuentro barrial el sábado 7 de abril, a las 17, en la Sociedad de Fomento del Barrio Las Heras (calle Heguilor Nro. 2745)
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