Durante mas de cuatro meses, todos los argentinos padecimos el lock out patronal que desde las corporaciones empresariales del agro, se realizó por una medida que parecía ser popular, reteniendo algún porcentaje de rentas del sector y que privó, por las medidas de fuerza, de comida y necesidades básicas a muchas familias argentinas.
Esta guerra aristocrática que enfrentó a estas patronales agropecuarias con el gobierno nacional tenía una ambición en común, un oro verde o negro que llena los bolsillos de grandes multinacionales; la soja. Este monocultivo fue motivo de disputa económica en nuestro país y lo es toda Latinoamérica. El boom de la soja despierta a cada uno de los empresarios que con la política del aquí y ahora quieren llenar las arcas en cuentas bancarias extranjeras y mandarse a mudar.
Pero como toda lógica capitalista, este enriquecimiento de unos pocos siempre es a costa del hambre del pueblo. En este caso no solo el hambre que producen grupos concentrados de poder juntos con las multinacionales, sino que son los efectos colaterales que el cultivo de la soja produce en los pueblos, sus suelos y sus habitantes.
Los agroquímicos, que multinacionales como Monsanto ejecutan en los suelos del interior genera la depredación de las tierras y el envenenamiento grave de los habitantes de los pueblos donde se realiza dicho acto. Tal es el caso del barrio de Ituzaingo, en la ciudad de Córdoba capital, donde viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer.
El municipio de Córdoba capital realizó una medida cautelar que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agro tóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.
El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez, impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008, dialogó con FM De la Azotea radio comunitaria 88.7 y explicó los efectos que estos agroquímicos producen en la gente. “En Córdoba tenemos barrios que salen de la mancha urbana y penetran en zonas rurales inundadas de plantaciones de soja. Esto genera un desorden ambiental que viene de vieja data y por eso la munipalidad (de Córdoba) pelea contra las fumigaciones contra los agroquímicos que se utilizan en los suelos y son tóxicos para la salud”.
Vázquez explicó los efectos nocivos de los agroquímicos y dijo: “el glifosato es un herbicida que se utiliza en gran cantidad antes de sembrar y después mientras crece la soja porque mata toda maleza que perjudique la cosecha, la único que puede sobrevivir es la soja transgenica, todas las plantas mueren. Es muy tóxico y existen una serie de restricciones que prohíben el uso en zonas pobladas a menos de 500 y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros”.
En cuanto al endulsolfán el subsecretario afirmó: “Es un insecticida que se usa para matar insectos una vez que la soja esta crecida. Es sumamente toxico y esta prohibido. Nosotros el año pasado vimos las fumigaciones vía aérea e hicimos una serie de allanamientos, una denuncia penal y se encontraron estos productos nocivos en galpones de productores”. “El fiscal los procesó porque se estaba produciendo un delito, que es el envenenamiento y violando la ley de recursos peligrosos, que esta penado por el código penal”.
“Los derechos de la salud de la población están por encima de los derechos particulares de los productores y su producción. Si están envenenando, deben ser perseguidos y procesados”, exclamó Ávila Vázquez.
Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agro tóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingo Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis. Estos son las secuelas que deja el endulsolfán, ya que según el funcionario “está comprobado que es altamente tóxico porque penetra en el cuerpo y queda acumulado. Hemos encontrado que en un censo a 30 chicos, 23 tienen pesticidas en sangre".
“La pelea es con un peso pesado como Monsanto, por eso ha tardado tanto esta investigación. Esto pasa en todo el interior y como no hay una infraestructura adecuada en salud no se puede corroborar estos hechos”, soslayó Vázquez.
“Hay que discutir estos productos ya que son fuentes de contaminación. Habrá que plantar frutales u otro tipo de producción” sentenció el funcionario. Por último y a modo de reflexión Medardo Ávila Vázquez, planteó que derechos debemos defender como sociedad, si el derecho a la salud de la gente o el derecho a la mercancía, hay que terminar con la lógica neoliberal. “Creo que eso está cambiando”, finalizó.
Esta guerra aristocrática que enfrentó a estas patronales agropecuarias con el gobierno nacional tenía una ambición en común, un oro verde o negro que llena los bolsillos de grandes multinacionales; la soja. Este monocultivo fue motivo de disputa económica en nuestro país y lo es toda Latinoamérica. El boom de la soja despierta a cada uno de los empresarios que con la política del aquí y ahora quieren llenar las arcas en cuentas bancarias extranjeras y mandarse a mudar.
Pero como toda lógica capitalista, este enriquecimiento de unos pocos siempre es a costa del hambre del pueblo. En este caso no solo el hambre que producen grupos concentrados de poder juntos con las multinacionales, sino que son los efectos colaterales que el cultivo de la soja produce en los pueblos, sus suelos y sus habitantes.
Los agroquímicos, que multinacionales como Monsanto ejecutan en los suelos del interior genera la depredación de las tierras y el envenenamiento grave de los habitantes de los pueblos donde se realiza dicho acto. Tal es el caso del barrio de Ituzaingo, en la ciudad de Córdoba capital, donde viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer.
El municipio de Córdoba capital realizó una medida cautelar que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agro tóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.
El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez, impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008, dialogó con FM De la Azotea radio comunitaria 88.7 y explicó los efectos que estos agroquímicos producen en la gente. “En Córdoba tenemos barrios que salen de la mancha urbana y penetran en zonas rurales inundadas de plantaciones de soja. Esto genera un desorden ambiental que viene de vieja data y por eso la munipalidad (de Córdoba) pelea contra las fumigaciones contra los agroquímicos que se utilizan en los suelos y son tóxicos para la salud”.
Vázquez explicó los efectos nocivos de los agroquímicos y dijo: “el glifosato es un herbicida que se utiliza en gran cantidad antes de sembrar y después mientras crece la soja porque mata toda maleza que perjudique la cosecha, la único que puede sobrevivir es la soja transgenica, todas las plantas mueren. Es muy tóxico y existen una serie de restricciones que prohíben el uso en zonas pobladas a menos de 500 y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros”.
En cuanto al endulsolfán el subsecretario afirmó: “Es un insecticida que se usa para matar insectos una vez que la soja esta crecida. Es sumamente toxico y esta prohibido. Nosotros el año pasado vimos las fumigaciones vía aérea e hicimos una serie de allanamientos, una denuncia penal y se encontraron estos productos nocivos en galpones de productores”. “El fiscal los procesó porque se estaba produciendo un delito, que es el envenenamiento y violando la ley de recursos peligrosos, que esta penado por el código penal”.
“Los derechos de la salud de la población están por encima de los derechos particulares de los productores y su producción. Si están envenenando, deben ser perseguidos y procesados”, exclamó Ávila Vázquez.
Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agro tóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingo Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis. Estos son las secuelas que deja el endulsolfán, ya que según el funcionario “está comprobado que es altamente tóxico porque penetra en el cuerpo y queda acumulado. Hemos encontrado que en un censo a 30 chicos, 23 tienen pesticidas en sangre".
“La pelea es con un peso pesado como Monsanto, por eso ha tardado tanto esta investigación. Esto pasa en todo el interior y como no hay una infraestructura adecuada en salud no se puede corroborar estos hechos”, soslayó Vázquez.
“Hay que discutir estos productos ya que son fuentes de contaminación. Habrá que plantar frutales u otro tipo de producción” sentenció el funcionario. Por último y a modo de reflexión Medardo Ávila Vázquez, planteó que derechos debemos defender como sociedad, si el derecho a la salud de la gente o el derecho a la mercancía, hay que terminar con la lógica neoliberal. “Creo que eso está cambiando”, finalizó.
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