Los juicios por la verdad son unos de los principales puntos a reconocer del actual gobierno nacional con la delacaración de nulidad e inconstitucional de las leyes infames de obediencia debida y punto final, y la reapertura de los juicios a los represores que gestaron y ejecutaron crímenes de lesa humanidad, en la última dictadura cívico militar.
Mas allá de reconocer los logros de la gestión K en materia de Derechos Humanos, hay cierta negligencia que parte del poder judicial que atrasan los juicios y abren el debate de cierta funcionalidad de los jueces con sectores que prefieren entorpecer los procesos judiciales a los genocidas. El intento de excarcelación de Astiz y el “tigre” Acosta en manos del Tribunal de Casación, despertó suspicacias en cuanto al compromiso de algunos jueces en los juicios.
En el último año hubo 32 sentencias, pero hay más de 150 causas en instrucción, más de 500 procesados y apenas cuatro juicios confirmados. Una clara cifra que muestra lo lentos que van los juicios, que si continúa de esta forma, encontrará a los represores difuntos, sin causa ni condena. También se cuestiona la posibilidad que tienen ex funcionarios de la dictadura, de hacerse de cargos públicos, tal es el caso de los 14 miembros de la dictadura que forman parte del Partido Demócrata Porteño, aliado del PRO, en la ciudad de Buenos Aires gracias al ex juez de facto Federico Young, actual titular de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad de Buenos Aires.
Sobre la coyuntura de la política de DD.HH, FM De la Azotea radio comunitaria 88.7, dialogó con la Secretaria de DD.HH de la provincia de Buenos Aires, Sara Dorotier de Cobacho que brindó su postura respecto a las últimas decisiones del poder judicial en los Juicios por la Verdad y dijo: “La secretaría de Derechos Humanos esta conforme con la prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla por mas de 30 homicidios y rechazamos la decisión del Juzgado Federal de Mendoza en dejar veranear en Mar del Plata al represor Eduardo Smaha”. Además la secretaria recalcó que “ninguna persona relacionada con el terrorismo de estado puede cumplir función pública”.
“Hay falencias en las leyes y es muy tardía la justicia”, planteó de Cobacho sobre las mencionadas negligencias del poder judicial. Ante la pregunta de la lentitud de los juicios, teniendo en cuenta que hay solo 4 juicios confirmados para este año, la secretaria de DD.HH respondió: “Se ha logrado instalar a la política de Derechos Humanos como política de estado con la derogación de las leyes infames, pero no hay metodología de como se van a realizarce los juicios, hay muchas causas que no están resueltas”. “No se puede hacer una causa por cada centro clandestino, esto no solo atrasa los procesos judiciales sino que expone a cada testigo”, agregó.
Respecto a los ex miembros de la dictadura que son funcionales al gobierno de Mauricio Macri, Sara Dorotier de Cobacho manifestó: “No nos dimos cuenta que necesitamos otras leyes. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que prohíbe a quienes estuvieron en la dictadura no puede ejercer cargos públicos. Esto no abarca a nación y mucho menos a la ciudad de Buenos Aires que seguramente por cuestiones ideológicas son funcionales al gobierno de Macri”.
“Yo creo que ante la disconformidad de organismos de Derechos Humanos, incluso de las secretarías de provincia y nación, el juzgado federal de Mendoza deberá dar marcha atrás con este permiso”, soslayó De Cobacho en relación al represor que vendría a veranear a Mendoza."Los represores deben estar presos en cárcel común”, exigió.
Por último la Secretaria de Derechos Humanos reconoció que “hay maniobras de algunos jueces que retrasan los juicios”.
Mas allá de reconocer los logros de la gestión K en materia de Derechos Humanos, hay cierta negligencia que parte del poder judicial que atrasan los juicios y abren el debate de cierta funcionalidad de los jueces con sectores que prefieren entorpecer los procesos judiciales a los genocidas. El intento de excarcelación de Astiz y el “tigre” Acosta en manos del Tribunal de Casación, despertó suspicacias en cuanto al compromiso de algunos jueces en los juicios.
En el último año hubo 32 sentencias, pero hay más de 150 causas en instrucción, más de 500 procesados y apenas cuatro juicios confirmados. Una clara cifra que muestra lo lentos que van los juicios, que si continúa de esta forma, encontrará a los represores difuntos, sin causa ni condena. También se cuestiona la posibilidad que tienen ex funcionarios de la dictadura, de hacerse de cargos públicos, tal es el caso de los 14 miembros de la dictadura que forman parte del Partido Demócrata Porteño, aliado del PRO, en la ciudad de Buenos Aires gracias al ex juez de facto Federico Young, actual titular de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad de Buenos Aires.
Sobre la coyuntura de la política de DD.HH, FM De la Azotea radio comunitaria 88.7, dialogó con la Secretaria de DD.HH de la provincia de Buenos Aires, Sara Dorotier de Cobacho que brindó su postura respecto a las últimas decisiones del poder judicial en los Juicios por la Verdad y dijo: “La secretaría de Derechos Humanos esta conforme con la prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla por mas de 30 homicidios y rechazamos la decisión del Juzgado Federal de Mendoza en dejar veranear en Mar del Plata al represor Eduardo Smaha”. Además la secretaria recalcó que “ninguna persona relacionada con el terrorismo de estado puede cumplir función pública”.
“Hay falencias en las leyes y es muy tardía la justicia”, planteó de Cobacho sobre las mencionadas negligencias del poder judicial. Ante la pregunta de la lentitud de los juicios, teniendo en cuenta que hay solo 4 juicios confirmados para este año, la secretaria de DD.HH respondió: “Se ha logrado instalar a la política de Derechos Humanos como política de estado con la derogación de las leyes infames, pero no hay metodología de como se van a realizarce los juicios, hay muchas causas que no están resueltas”. “No se puede hacer una causa por cada centro clandestino, esto no solo atrasa los procesos judiciales sino que expone a cada testigo”, agregó.
Respecto a los ex miembros de la dictadura que son funcionales al gobierno de Mauricio Macri, Sara Dorotier de Cobacho manifestó: “No nos dimos cuenta que necesitamos otras leyes. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que prohíbe a quienes estuvieron en la dictadura no puede ejercer cargos públicos. Esto no abarca a nación y mucho menos a la ciudad de Buenos Aires que seguramente por cuestiones ideológicas son funcionales al gobierno de Macri”.
“Yo creo que ante la disconformidad de organismos de Derechos Humanos, incluso de las secretarías de provincia y nación, el juzgado federal de Mendoza deberá dar marcha atrás con este permiso”, soslayó De Cobacho en relación al represor que vendría a veranear a Mendoza."Los represores deben estar presos en cárcel común”, exigió.
Por último la Secretaria de Derechos Humanos reconoció que “hay maniobras de algunos jueces que retrasan los juicios”.
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