"NO ES NUESTRA VOLUNTAD DESALOJAR"

El Juez Darío Bombin, dictaminó que el desalojo de los vecinos del barrio Pueyrredón en las viviendas del barrio “El martillo”, se tiene que hacer efectivo, de manera pacífica, en un plazo de siete días. La Justicia finalmente consideró que fueron usurpadas ilegalmente y que, por lo tanto, deben ser desalojadas, las viviendas del Plan Dignidad del barrio El Martillo asignadas a habitantes de la Villa de Paso. La toma se inició hace casi dos semanas y las viviendas están abandonadas hace mas de un año y medio debido a problemas con la empresa encargada de la construcción.

Fernando Gauna, Sub-Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, dialogó con FM De la Azotea 88.7 Comunitaria confirmó “que el delito es por usurpación y la decisión del Fiscal, Graciela Trilles, es restituir las viviendas a los dueños adjudicatarios”. Por su parte, Gauna, agregó que “por una decisión del Juez y luego de las negociaciones con las partes, se decidió que en siete días tendría que haber un desalojo voluntario y sin necesidad de recurrir a la fuerza para ,como queremos, se realice pacíficamente”.

La resolución de Bombini se hizo pública, luego de que durante buena parte del domingo se registraran negociaciones en el Palacio de Tribunales. Allí se reunieron ante el magistrado los representantes de la Asociación Civil Trabajar -a cargo de la construcción, los vecinos del barrio Pueyrredón y los representantes del municipio y del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, el Subsecretario expresó que se sintió sorprendido por la exigencia de los vecinos, en cuanto a soluciones concretas antes de irse del lugar. Los vecinos del barrio Pueyrredón exigen que hasta que no vean viviendas construidas para ellos en algún sector de la ciudad, no están dispuestos a irse.

La emergencia habitacional en la ciudad, afecta a once mil familias de distintos barrios, lo cual, esta disputa iniciada entre vecinos de la villa de paso y barrio Pueyrredón, no es más que una guerra de pobres contra pobres, donde el poder político hace de espectador. En relación a esto, Fernando Gauna, enfatizó que el desalojo “no depende de nuestra voluntad, es el juez quien decide y quien hizo la denuncia fue la empresa constructora, dueña de las tierras”.

Por otro lado y respecto a una posible prorroga para extender los espacios de negociación, el funcionario “no lo ve posible, debido a que el Plan dignidad viene de la gestión anterior y ya tiene adjudicatarios”. También, el Sub-secretario no ignoró la realidad de los barrios y señaló que la situación está a la vista. Por eso, la Municipalidad abrió un registro para quienes solicitan viviendas y ya hay 7500 inscriptos. “Es verdad que los vecinos sufren una emergencia habitacional y por eso están todos en el registro”, reiteró.

Para finalizar, Fernando Gauna, aclaró la voluntad que existe para que, en caso de desalojo, las obras se reactiven inmediatamente para que sea entregada a los supuestos adjudicatarios. “Hoy viene la gente del Ministerio de Infraestructura con toda la voluntad para ponerse en marcha”, culminó.