Ante la intención general de parte del gobierno provincial y municipal, junto con organismo como el Instituto Provincial de Vivienda de tratar de usurpadores y condenarlos penalmente por ese delito, las familias del barrio Pueyrredón que piden por viviendan digna harán hincapié mediante medidas judiciales para contrarrestar la lógica de "No tratamiento preferencial".
Esa fue la primera conclusión extraída de la reunión de conciliación que se llevó a cabo entre las partes y que pasó a cuarto intermedio hasta hoy, cuando -se espera- debería resolverse definitivamente el conflicto.
Estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Obras bonaerense, los integrantes del IPV Javier Pérez y Miguel Bartolucci, el secretario de Legal y Técnica municipal Martín Colombo y representantes de la empresa constructora de las viviendas. Asimismo, asistieron tres miembros de las familias que tomaron las viviendas, Juan Pablo Gelemur.
Este último, dialogó con FM De la Azotea y comenzó la entrevista aclarando que "el 15 de enero a la mañana hubo una denuncia por usurpacion de parte de una empresa constructora para con las familias que tomaron las viviendas. Presentamos un recurso de amparo reconociendo el derecho constitucional de una vivienda digna seguida de una medida cautelar, para garantizar la vida de la gente que no tenia acceso a comida y agua". Acto seguido, el abogado afirmó que "se busca una mediación de las partes para que se llegue a un acuero, ya que hay dos denuncias de cada una de las partes involucradas. Esto lo aclaramos porque los medios pretenden tergiversar la información".
"Hoy la realidad es que las familias viven en la 49 entre Friuli y Pehuajó. Hay una denuncia penal que está parada por esta mediación y dentro de la mediación, no se ha tomado ningún tipo de resolución. Estamos a la espera de una solución", aseguró Gelemur, quién también informó que si la mediación falla, el estado tiene todo su derecho de carácter punitivo y represivo para desalojar a las familias.
Juan Pablo Gelemur, dijo que "mas allá de las medidas que se tomen de parte del estado, los vecinos van a resistir porque tienen claro que no están dispuestos a seguir pensando en las logicas impuestas por el poder. Ellos se hacen visibles y quieren soluciones. Nadie los va a obligar a decidir".
Por último, el abogado reconoció que "no es momento de rivalizar con las partes porque estamos en una instancia de mediación". "Lo que salga de esta reunión no va solucionar los problemas de emergencia habitacional de once mil habitantes en Mar del Plata", agregó Gelemur.
"Que se ponga en agenda del gobierno municipal la realidad social de todos los barrios. La criminalización de la protesta está a la vuelta de la esquina. Estamos en desigualdad de armas y no aceptamos promesas, las familias quieren información. La gente está ahí porque no tiene techo", finalizó.
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